En muchos casos, a sabiendas de que las organizaciones criminales secuestran a hombres y mujeres para forzarlos a trabajar a su servicio, no pierden la esperanza de encontrarlos con vida.
Por eso los familiares no dejan de buscarlos ni de exigir justicia. El gran problema es que la impunidad sigue siendo la norma. Lo reconoció la semana pasada Karla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, al informar ante el Senado que sólo hay 35 sentencias judiciales por casos de desaparición de personas.
La historia
El 19 de mayo de 1969, el profesor Epifanio Avilés Rojas fue detenido y llevado en una avioneta desde Guerrero, un estado del sureste, al Campo Militar Número 1 ubicado en la Ciudad de México
Nunca más se supo nada de él. Desde entonces está identificado como la primera víctima de desaparición forzada del país. Por lo menos, la primera registrada.
En los años 70, las desapariciones se acentuaron debido a la llamada ‘guerra sucia’ que el presidente Luis Echeverría lanzó contra militantes y activistas que luchaban, en algunos casos a través de guerrillas, en distintos estados.
La hipocresía fue el eje de esa estrategia, porque Echeverría se granjeó aplausos a nivel internacional por acoger a miles de exiliados argentinos, chilenos y uruguayos que eran perseguidos por las dictaduras de sus países. Pero, al mismo tiempo, cometía violaciones masivas de derechos humanos en México que pasaban desapercibidas casi por completo. Y que incluían las desapariciones.
Ello explica, en parte, que en 1971, su primer año de Gobierno, haya registro de 15 desaparecidos. Sólo tres años más tarde, la cifra se disparó a 283. Fue su propio récord. En total, durante su sexenio se reportaron 482 personas víctimas de desaparición.
La militarización del combate al narcotráfico durante el sexenio de Calderón sólo disparó la violencia y la extendió hacia la población en general, sin que mermara el poder de los cárteles.
En las tres décadas siguientes las desapariciones anuales se acumulaban por decenas. A veces llegaban solamente a un dígito, lo que no necesariamente significa que no hubiera, sino que no se registraban o denunciaban como tales.
A principios de siglo, durante el Gobierno de Vicente Fox, las desapariciones comenzaron a contarse por cientos. De las 95 reportadas en 2001, su primer año de gestión, pasaron a 575 al fin de su sexenio en 2006.
Pero el verdadero año fatídico fue 2006. Y el responsable, el expresidente Felipe Calderón.
La guerra narco
En diciembre de 2006, apenas asumir la presidencia, Calderón anunció una guerra contra el narcotráfico de la que nada había dicho hasta entonces, ni siquiera durante la campaña electoral.
La militarización del combate al narcotráfico sólo disparó la violencia y la extendió hacia la población en general, sin que mermara el poder de los cárteles que se dividían o, ante las detenciones de algunos capos, cambiaban de liderazgos. La corrupción de los cuerpos de Seguridad fue la norma. Las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército y de otros representantes del Estado se incrementaron. Los muertos comenzaron a amontonarse por miles. Y los desaparecidos, también.
Así, su primer año de Gobierno dejó un saldo de 2.929 denuncias por desaparición de personas. La cifra no dejó de crecer: 3.127 en 2008; 4.691 en 2009; 7.192 en 2010 y 10.640 en 2011. En 2012, último año de su sexenio, hubo una ligera disminución al llegar a los 10.590.
En términos globales, durante el sexenio calderonista se registraron 39.169 personas desaparecidas, de las cuales 16.559 personas siguen sin ser encontradas.
Con Enrique Peña Nieto (2012-2018) la tragedia alcanzó escalas más altas: 96.834 personas fueron reportadas como desaparecidas. De ellas, todavía falta saber en dónde están 35.706.
El triunfo de López Obrador implicó la puesta en marcha de una nueva estrategia que, si bien no satisface por completo al movimiento de víctimas ni a los familiares que buscan a sus desaparecidos, sí implica cambios.
Ninguno de los dos presidentes ayudó a las víctimas ni a sus familiares. Por el contrario. Calderón las calificó de manera despectiva como “daños colaterales”, mientras que Peña Nieto quedó marcado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la manipulación del caso que provocó una conmoción nacional e internacional. Ambos han sido denunciados por crímenes de lesa humanidad.
El triunfo de López Obrador implicó la puesta en marcha de una nueva estrategia que, si bien no satisface por completo al movimiento de víctimas de la guerra contra el narcotráfico ni a todos los familiares que buscan a sus desaparecidos, sí implica cambios en las políticas para abordar la tragedia humanitaria con base en la promesa de dar respuestas a la sociedad y justicia y reparación para las víctimas.
Lo más importante es el reconocimiento de que el Estado es el responsable.
La esperanza
El 1 de diciembre de 2018, cuando asumió como presidente, López Obrador anunció la creación de una Comisión de la Verdad por los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa. Es el caso de desaparición forzada en México que tuvo mayor repercusión internacional.
Los reclamos de los familiares de los otros miles de desaparecidos fueron inmediatos. Un par de meses después, el presidente anunció un plan nacional de búsqueda. Pero, al término de 2019, su primer año de Gobierno, se registró el récord de 22.239 personas desaparecidas, de las cuales se sigue buscando a 9.211.
El Gobierno también publicó una base oficial de datos sobre desapariciones que se ha convertido en una herramienta fundamental. Ahí se pueden ver las denuncias en tiempo real. La consulta no deja de conmocionar, porque los números aumentan a cada rato y es necesario recordar que no son cifras, sino personas.
La nueva estrategia reconoce no sólo las desapariciones de la guerra narco. A principios de octubre, López Obrador firmó un decreto para crear una Comisión para el Acceso a la Verdad y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990. Es decir, durante la “guerra sucia”.
Una de ellos es Alicia de los Ríos, una profesora militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre que el 5 de enero de 1978, a los 33 años de edad, fue detenida en la Ciudad de México por policías de la temible Dirección Federal de Seguridad. Su hija, que lleva el mismo nombre y hoy es una respetada activista en derechos humanos, sigue bregando para encontrar a los culpables.
“Este 22 de septiembre celebraremos tu 69 aniversario y pediré el deseo de siempre: encontrarte. Por ti y por la pequeña Lichita que te esperó siempre, en fechas importantes o en cualquier día. Feliz no cumpleaños, mamá, donde quiera que te encuentres”, escribió este año en una carta pública que evidenció, una vez más, la inclaudicable lucha de los familiares de las y los desaparecidos.
El ejemplo
En este proceso, las mujeres tienen un papel protagónico. Al igual que ha ocurrido en otras partes del mundo, muchas madres han salido en masa a buscar a sus hijas e hijos desaparecidos. Tuvieron que abandonar el trabajo hogareño, los empleos precarios, para especializarse en exhumaciones, peritajes, investigaciones forenses y denuncias judiciales.
Su drama personal, que es a la vez un drama colectivo, las forzó a organizarse, a marchar, protestar, interpelar, desmentir y criticar a las autoridades.
De 2006 a 2021 se encontraron 4.806 fosas clandestinas con 8.202 cuerpos. La mayoría de ellos permanece sin identificar porque la cantidad de muertos ha desatado una inédita crisis forense.
Son ellas, las “buscadoras”, como son conocidas ahora, las que, ignoradas por el Estado, comenzaron a recorrer el país para escarbar en la tierra con sus propias manos, apoyadas apenas con palas y cubetas, con la esperanza de encontrar los cuerpos o restos de sus desaparecidos.
Según las cifras oficiales, de 2006 a 2021 se encontraron 4.806 fosas clandestinas con 8.202 cuerpos. La mayoría de ellos permanece sin identificar porque la cantidad de muertos ha desatado una inédita crisis forense en un país en donde los cadáveres son tantos que ya no caben en las morgues.
Ese es uno de los principales reclamos de los colectivos que se dispersan por todo el país para buscar a sus desaparecidos y a quienes el Gobierno de López Obrador les ha recortado fondos estatales para que continúen su labor humanitaria.
Sus nombres son una definición en sí misma: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Personas Desaparecidas en Michoacán, Brigadas de Búsqueda de Guerrero, Colectivos de Familiares y Amigos Desaparecidos en Tamaulipas, Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba, Red de Madres Buscando a sus Hijos, Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Comité de Familiares de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Red de Desaparecidos de Tamaulipas, Unidas por el Dolor, Las Buscadoras…
Son cientos de personas organizadas que coordinan fuerzas a nivel nacional e internacional, porque también hay madres de desaparecidos centroamericanos. Eran migrantes que estaban atravesando el país con la intención de llegar a Estados Unidos.
Desde 2011, cada 10 de mayo, Día de la Madre, estos colectivos realizan la ‘Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas’, en la que advierten que no tienen nada que celebrar.
Además, el pasado sábado diferentes organizaciones lograron comenzar en el estado de Morelos la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda que había sido pospuesta por la pandemia.
Una y otra vez prometen que no se rendirán, hasta encontrarles.
RT Noticias.
