La Vega – República Dominicana – La autorización tardía para el ingreso de arroz producto de los contingentes establecidos en el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos preocupa a los productores dominicanos que luego de una cosecha record temen que el exceso de inventario, al inicio de la cosecha de primavera, afecte la rentabilidad de sus operaciones.
La principales organizaciones arroceras convocadas en La Vega por la Asociación de productores de arroz del nordeste (APRANO) indicaron que la producción de este año ha sido récord y el inventario que hay garantiza el abastecimiento hasta marzo del año 2022, y la producción faltante a cosecharse en octubre y noviembre proveerá el consumo de 2 meses, lo que implicaría la posibilidad de construir una reserva estratégica.
Los productores advierten un alza en los costos de producción para la próxima cosecha a causa de la crisis mundial de los combustibles y el alza en los precios de los principales insumos del sector agrícola. Consideran de vital importancia que las importaciones no coincidan con la cosecha nacional para mantener los niveles de rentabilidad en la producción local.
Juan Luis Jiménez, presidente de APRANO Y Marcelo Reyes Jorge, presidente de la Federación Nacional de arroceros, recordaron el papel social y económico de la producción arrocera sobre todo en las cinco provincias que dependen de esa actividad.
Los dirigentes arroceros consideraron que para enfrentar la situación el gobierno debe garantizar los recursos del programa de pignoración y extenderlo por un período de dos meses.
La situación de la producción arrocera nacional considerada de alto interés por el presidente de la República, Luis Abinader, enfrenta además el cese de la protección al productor nacional con la entrada en vigencia total del acuerdo DR-CAFTA.
Por otra parte, los arroceros pidieron al gobierno evaluar y adecuar el decreto 705-10 y su reglamento para que la asignación del DR-CAFTA y DESABASTO sea entregada por desempeño a los actores que intervienen en la producción nacional y que permita la participación a las cooperativas y asociaciones arroceras del país, las cuales están excluidas en la actualidad.
Los productores se quejan de que asumen los riesgos propios de la producción arrocera nacional mientras otros sectores solo reciben beneficios de operaciones comerciales.