Por Joel Suriel.- La mañana del 22 de febrero la sociedad dominicana amaneció sorprendida con la noticia de un portentoso allanamiento, que incluyó a miembros de Swat, realizado a un edificio de nueve niveles ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina calle Abreu, próximo al sector Villa Consuelo y a la concurrida avenida Duarte.
Se trataba de la Operación Caracol, que consistió en un allanamiento de más de 11 horas por parte de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a la Cámara de Cuentas, un órgano descentralizado del Estado dominicano y encargado de auditar a las instituciones que manejan fondos públicos.
Es la primera vez en la historia de la República Dominicana que la Cámara de Cuentas había sido allanada, por lo que resulta un evento inusual en la vida cotidiana del país.
Fueron varias las fotografías y los videos en los que se observaban a los miembros de la PEPCA bajar del edificio con decenas de cajas que contenían miles de documentos.
Alrededor de 257 días han pasado desde entonces, casi 9 meses, y todavía las autoridades no han sometido a una sola persona del anterior pleno de la Cámara de Cuentas, al que, según el director del PEPCA, Wilson Camacho, se le encontraron indicios “suficientes” de haber maquillado auditorías.
En aquella ocasión, Camacho dijo que el pleno, que en ese entonces era presido por Hugo Álvarez Pérez, acompañado de Pedro Antonio Ortiz, Carlos Noés Tejada, Margarita Melenciano y Félix Álvarez, alteraban auditorías para favorecer a instituciones, y a sus titulares, con la finalidad de encubrir corrupción.
En el referido allanamiento, según la PEPCA, se encontraron miles de documentos y evidencias sobre el maquillaje a las auditorías, por lo que Wilson Camacho acusó a todo el pleno de la Cámara de Cuentas de ser “cómplice de corrupción”, aunque todavía ningunos de los antiguos miembros han sido sometidos por ante la Justicia.
Al pleno de la Cámara de Cuentas se le investiga por los delitos de obstrucción de la Justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
Esta misma semana, la actual Cámara de Cuentas declaró lesivo para el interés público, la decisión del anterior pleno de esa institución para la contratación de los servicios legales de varias firmas de abogados para defenderlos ante las investigaciones del Ministerio Público en su contra, en el referido caso.
Los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas pagaban los honorarios de las firmas de abogados con recursos de la institución.
No está claro si la situación de la Cámara de Cuentas se debe a pocos avances encontrados en la realización o que las autoridades están dando tiempo para preparar un expediente lo suficientemente grueso que culmine en severas condenas contra el anterior pleno de esa institución.
