Santo Domingo.– La Primera de Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, no varió la prisión preventiva a cinco de seis imputados de la Operación Coral que solicitaron la revisión del caso, entre ellos, el mayor general Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán acusados por el Ministerio Público de ser parte de un supuesto entramado de corrupción administrativa.
La magistrada entendió que la defensa no presentó los presupuestos y elementos suficientes para variar la medida a los señalados.
En mayo pasado el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Mientras que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación del caso, que ha sido declarado de tramitación compleja.
Los imputados son procesados por incurrir en los delitos asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, dirigidas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las investigaciones con un amplio equipo de fiscales.
El procurador adjunto Wilson Camacho representó al Ministerio Público junto a la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, en la audiencia en la que la corte ratificó la prisión preventiva a Cáceres Silvestre.
El entramado criminal desmantelado con el Caso Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público estableció en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
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