Por: Joel Suriel. – El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, admitió este lunes que esa entidad no puede someter ni sancionar administrativamente a Alexis Victoria Yeb por proveerle al Estado mientras es senador porque éste pertenece a un poder ajeno al Ejecutivo.
Sin embargo, el funcionario dijo que aunque el senador haya hecho 14 contratos con el Estado luego de ser legislador con compras menores o por debajo del umbral, éste violó la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
“La ley de compras establece distintas modalidades de licitaciones, y la ley establece quienes no pueden contratar con el Estado, el senador Victoria Yeb a través de sus empresas en las que tiene participación accionaria tiene 14 contratos de compras menores y compras por debajo del umbral, violando la ley. Lo que queda muy claro es que el senador no debió contratar con el Estado”, indicó Pimentel.
Pimentel señaló que la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones Públicas solo establece sanciones de tipo administrativo, por lo que, al ser una entidad perteneciente al Poder Ejecutivo, se le impide sancionar a un miembro de otro poder del Estado, mucho menos el Legislativo.
“La Ley 340 establece sanciones que son de tipo administrativa, un ente del Poder Ejecutivo no puede interponer sanciones de tipo administrativo a un miembro de otro poder del Estado y mucho menos a un senador de la República”, recalcó.
El funcionario aseguró que para evitar este tipo de situaciones, han propuesto en el proyecto que busca modificar la ley sobre compras que el régimen de incompatibilidad sea fortalecido y ampliado, para contar con mayores niveles de eficiencia y eficacia.
Durante una entrevista en el programa El Día, Pimentel dijo que esa entidad propuso que el rango de participación accionaria de un 10% en una determinada empresa privada para funcionarios públicos, sea eliminado.
“El régimen de incompatibilidad establecido en la ley 340 debe ser fortalecido, debe ser ampliado, por eso en el proyecto que modifica la ley hemos sugerido disposiciones que permitan tener un régimen de incompatibilidad que se pueda cumplir con mayores niveles de eficiencia y efectividad, incluso uno de los elementos que hemos propuesto es que ese rango de la participación accionaria de un 10% sea eliminado”, dijo el funcionario.
La semana pasada, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) anunció que profundizará en las adjudicaciones realizadas en favor de la razón social Cristalia Dominicana, S.R.L., de la que el senador fue accionista y representante hasta mayo de 2020, la cual se ha beneficiado, desde agosto del año pasado, de 118 adjudicaciones por un monto superior a los 472 millones de pesos.
Las empresas del legislador, ligadas al sector farmacéutico, “no pueden contratar ni ser proveedores del Estado y se ha procedido a la suspensión de sus registros”, recoge el informe de la DGCP.
