Como un acto “criminal” calificó el nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, que las autoridades deporten a embarazadas haitianas mientras asisten a los distintos centros de salud de la República Dominicana.
Caba dijo que desde el punto de vista ético, no corresponde sacar mujeres que están en vísperas de dar a luz de los hospitales dominicanos.
“Yo creo que es una situación compleja, pero si hay algo que yo le pido a la vida es que nunca me deje deshumanizarme. Yo creo que es criminal sacar a una mujer en pórtico de dar a luz, desde todos los puntos de vista de la ética, de la compasión y el humanismo. Es un problema complejo, tenemos una burguersía de ricos que gobierna la nación hermana (Haití) y que no encuentra la cordura para ser ellos como pueblo», expresó Caba.
El galeno demandó al Gobierno centrar su lucha en la frontera entre la República Dominicana y Haití y no en los hospitales, ya que es ahí donde impera el “verdadero” desorden que permite la entrada de miles de haitianos diariamente.
El nuevo presidente del CMD ofreció estas declaraciones al ser entrevistado telefónicamente en el programa El Sol de la Mañana.
Más temprano, la ONU hizo un llamamiento a República Dominicana este martes para que suspenda las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, en especial las deportaciones de mujeres embarazadas.
El Sistema de Naciones Unidas, en un comunicado, manifestó su “preocupación” por la detención y deportación de mujeres embarazadas que buscaban o incluso ya recibían atención en centros de salud y hospitales en varias regiones del país.
Estas acciones, subrayó el comunicado, “ponen en riesgo la integridad física y la vida” de estas mujeres e incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y las convenciones y estándares internacionales sobre deportaciones de migrantes.
“El Sistema de Naciones Unidas hace un llamado a las autoridades del Estado, encargadas de aplicar las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Migración, a prevenir y suspender las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, y a restablecer el respeto por la dignidad humana en la aplicación de sus políticas migratorias y de seguridad”, afirmó el comunicado.
La semana pasada, las autoridades migratorias dominicanas comenzaron una campaña de detención y expulsión del país de mujeres haitianas embarazadas.
La ley de Migración faculta a las autoridades a hacer deportaciones automáticas de los extranjeros en situación irregular, pero el reglamento de esa ley prohíbe expresamente detener a mujeres embarazadas.
Las autoridades dominicanas alegan que el país no puede soportar la carga que supone la atención médica a los inmigrantes en condición irregular.
En la actualidad, en cerca del 30 % de los partos en las maternidades públicas del país, la madre es haitiana.
Un estudio del Sistema Nacional de Salud (SNS) cifra en 4.195 millones de pesos (unos 73 millones de dólares) el gasto total dedicado a la atención médica a ciudadanos haitianos a lo largo de 2019.
Esa cifra contabiliza los gastos en consultas, emergencias, internamientos, cirugías y partos, y equivale al 59.7 % de todos los recursos destinados en el país a los servicios de salud en establecimientos públicos de primer nivel de atención.
Pero, precisamente, los partos son el capítulo que consume una menor proporción del desembolso, un 7,76 % del total, unos 332 millones de pesos (5,8 millones de dólares).
