Por Corina Rosario.- Desde que el Gobierno dominicano anunció a través del Consejo Nacional de Migración, que recrudecería las medidas para hacer cumplir las normas migratorias del país, ante la crisis política, social y económica que vive Haití, muchas han sido las reacciones que se han generado desde diversos sectores.
Una gran parte favorece y aplaude la posición de la gestión actual, a pesar de las opiniones divergentes que dio a luz la decisión de repatriar a parturientas haitianas que acuden a los centros maternos dominicanos, o la de suspender visados a estudiantes del vecino país, que cursan una carrera en universidades de RD.
Lo cierto es que, el sentimiento protector a la soberanía dominicana se impone y ha provocado que, incluso, dirigentes políticos de partidos contrarios, respalden al partido de gobierno.
A principios de este mes de noviembre, legisladores de distintas bancadas deploraron la respuesta negativa y el poco respaldo que ha mostrado la comunidad internacional frente a la situación de Haití, y aunque algunos congresistas, especialmente del PLD, tienen sus reservas sobre las medidas migratorias aplicadas por el gobierno de Abinader, sobre todo en una de las más debatidas, “la de suspender la entrega de visados a estudiantes haitianos en el país”, y “repatriar parturientas haitianas detenidas en las maternidades más demandas” lo cierto es que, todos terminan consensuados en un punto, “proteger la soberanía nacional.”
Por ejemplo, el envió de tropas militares dominicanas, para reforzar los puntos fronterizos, mantiene unidos a los actores de la sociedad cuando opinan en el tan debatido tema migratorio, RD-Haití.
Más allá de opinar, en refuerzo a la posición del Poder Ejecutivo, se han suscitado, desde la Cámara Alta denuncias sobre la llegada masiva de haitianos a RD.
Las declaraciones las dio el senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, tras agotar un turno en sesión. Mientras que, el senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao pidió repatriaciones contundentes, en un claro respaldo al Estado dominicano por la postura poco colaboradora de la comunidad internacional.
Los sectores productivos del país, especialmente los agropecuarios y del sector construcción, luego de una reunión con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez acordaron que sólo emplearán la mano de obra extranjera legalizada y acogida al Plan Nacional de Regularización.
Tanto la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) a pesar del compromiso que tienen para garantizar la seguridad agroalimentaria, consideran que “no es menos cierto que la seguridad nacional está por encima de todo.”
Entidades patrióticas van en la misma sintonía. Es el caso del presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez quien saludó y definió como valiente la decisión de revisar y auditar los expedientes de los beneficiarios del denominado Plan de Regularización Migratoria.
Externó que “es menester desestimular la presencia de inmigrantes ilegales en los centros hospitalarios del país, para ello consideramos necesario establecer tarifas a las parturientas extranjeras y a todos los pacientes foráneos, toda vez que en sus propios países le exigen pagar por estos servicios.”
En relación al espaldarazo para el gobierno dominicano, se pronunció la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, en la voz de uno de sus principales dirigentes, Rafael Alburquerque, quien aseguró que esa organización comparte la preocupación del Estado sobre el caos que se vive en el vecino país, Haití.
Por otro lado, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, afirmó que “lo primero que hay que puntualizar es que la actual crisis haitiana es un problema interno de Haití y es a los haitianos a quienes corresponde resolver su crisis, en todo caso con el concurso de la comunidad internacional, no siendo la República Dominicana parte de ese conflicto y mucho menos solución para su superación.”
Moreno consideró correcto “adoptar cuantas medidas preventivas resulten necesarias para resguardar la frontera terrestre y marítima para frenar el tráfico de personas, de armas, de drogas, y el contrabando.”
Representantes de la iglesia católica, no se han quedado atrás. Tenemos al obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, en Higuey, Jesús Castro Marte. Dijo que ante la situación que vive el vecino país hay una gran población que apoya al presidente Luis Abinader en su visión de defender la soberanía nacional.
“Señor presidente aquí hay una masa inmensa, y le estoy hablando como dominicano, que lo estamos apoyando frente a la situación haitiana, porque no hay negocio, primero es la soberanía”, manifestó.
Tenemos también a Fedomu, la Federación Dominicana de Municipios que, en respaldo a todas las medidas migratorias implementadas por el Gobierno dominicano, con el objetivo de garantizar la seguridad y la soberanía nacional, aprobó a unanimidad una resolución que pone sobre la mesa, estar en completa sintonía con la postura de Abinader.
Personalidades como el general José Miguel Soto Jiménez, exsecretario de las Fuerzas Armadas precisó que “la actitud del Gobierno dominicano no sólo es correcta, sino que debe endurecerse”.
Sin importar al partido que al que pertenezca, el expresidente Hipólito Mejía es bien conocido por decir lo que piensa, y esta vez, consideró oportuno el manejo político y militar del gobierno de Luis Abinader para mantener la tranquilidad y el orden en la República Dominicana, frente a los problemas de Haití.
Seguimos con la clase empresarial, que a mediados de este mes, dejó sobre la mesa sus consideraciones al respecto. Tanto La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresaron su apoyo a las medidas migratorias tomadas en favor de RD.
El presidente de AIRD, Celso Juan Marranzini dijo que mecanismos como el control migratorio, son la clave para garantizar la seguridad nacional y control de la frontera con Haití.
Representantes de la sociedad civil, también se han acogido a pronunciarse en favor de las acciones contra los migrantes haitianos, como lo ha dado a conocer el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, quien tras saludar la iniciativa, defendió que el gobierno haya tomado la medida de cesar los visados a los estudiantes haitianos que pretendan estudiar en la República Dominicana.
Envuelto en una avalancha de críticas de comunidades externas y políticas, el ministro de Salud, Daniel Rivera, mostró su apoyo a la decisión arribada por el Gobierno de no brindar servicios de salud a los haitianos ilegales en el país, salvo en situaciones de emergencia, decisión que arrastró a mujeres haitianas embarazadas que vienen a los hospitales dominicanos a dar a luz.
Sustentó su apoyo en el hecho de que los centros sanitarios del país, no cuentan con la capacidad suficiente para atender, principalmente a la cantidad de haitianas que deciden parir en RD, además de la carga económica millonaria que representa asistir a estas extranjeras, según contabilizó el galeno.
El apoyo no cierra aquí, porque el Estado Dominicano insiste en hacer reaccionar a la comunidad internacional.
Recientemente, el pasado 26 de noviembre durante la XXVIII Cumbre de Cancilleres Iberoamericanos, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Roberto Álvarez, reveló en rueda de prensa que fue aprobada a unanimidad por los 22 cancilleres de Iberoamérica, la solicitud de apoyar a la República Dominicana en su demanda a la comunidad internacional de brindar mayor atención a la crisis que atraviesa Haití.
Esto fue respaldado por el canciller chileno y nuevo secretario general iberoamericano, Andrés Allamand quien admitió que “la situación de Haití es dramática, frente a la cual la comunidad internacional no puede darle la espalda”.
