Los abogados del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez buscan este lunes que se le varíe la medida de coerción al exjefe del Ministerio Público a cualquiera de las demás medidas, menos a la prisión preventiva, donde se encuentra desde el pasado 29 de junio por su presunta implicación en un entramado corrupto apodado Medusa.
El cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional fallará a las 2:00 de la tarde sobre el futuro del exprocurador, quien en varias ocasiones ha solicitado que se le varíe la medida de coerción sin éxito.
También, la defensa del exfuncionario judicial presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de casación, debido a que el tribunal de Corte de Apelación reconoció que le fue violado su derecho de defensa, sin embargo, ratificó la prisión preventiva.
De igual forma como es un derecho la revisión obligatoria de la medida solicitaron a la jueza Solange Vásquez la variación a una medida menos gravosa, mientra la Suprema falla.
Hace varios días el exprocurador fue noticia cuando trascendió que este iba a ser internado en un centro de salud aquejado de problemas renales, lo que fue desmentido por la Dirección de Centros de Corrección y Rehabilitación del Sistema Penitenciario. La entidad indicó que dos especialistas de un centro médico privado evaluaron la salud del privado de libertad Jean Alain Rodríguez y descartaron un internamiento.
Desde julio pasado el exprocurador Rodríguez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección de Najayo Hombres, en San Cristóbal, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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