Por Suanny Acosta.- Muchos funcionarios han sido destituidos de la administración de Luís Abinader, pero solo unos pocos están en prisión o son investigados por el Ministerio Público.
Las destituciones no han tenido la misma celeridad que las investigaciones por parte el Ministerio Púbico, pese a que en algunos casos, se trata de escándalos muy sonados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha tenido una participación activa y ha causado grandes expectativas con respecto a los procesos judiciales y a las investigaciones e instrumentación de expedientes que involucran a diversos servidores públicos, en especial de la pasada administración.
En parte de estos supuestos actos en perjuicio del Estado, solo se sabe que los organismos competentes tienen investigaciones abiertas para profundizar.
Las exministras de la Juventud. La lista la encabeza la recién destituida ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, a quien se señala por irregularidades en un proceso de compras de equipos electrónicos por valor de tres millones de pesos.
El exdirector jurídico de la Juventud, José Manuel Vidal Tejeda, en un documento remitido a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), a la de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y a la Contraloría General de la República, denunció de manera específica una licitación adjudicada de manera irregular a las compañías Gretmon y SketchProm, “bajo órdenes directas de Jiménez”.
Fue citada por la Pepca luego de que el pasado 15 de noviembre fue depositada una denuncia formal por parte de Vidal y que también involucró al esposo de la ministra de la Juventud, Kelvin Fidel Méndez Cuevas, quien también fue destituido del cargo de director de compras del Instituto Técnico Superior Comunitario.
La Pepca interrogó a Jiménez, pero no ha transcurrido nada más.
También la Pepca citó e interrogó a la renúnciate ministra de la Juventud, Kisnberly Taveras, respecto a la fortuna superior a los 100 millones de pesos que reveló en su declaración de patrimonio.
Hace alrededor de u año de estos interrogatorios y nada ha transcendido.
También pasa de un año y todavía no se tiene conocimiento de la investigación al destituido director del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, Miguel Mateo Familia, quien se vio involucrado en una presunta denuncia de que en su gestión se cobraba dinero a cambio de nombramientos y designaciones de personas.
Al momento de detectarse el caso, el expediente fue remitido a Milagros Ortiz Bosch, directora General de Ética e Integridad Gubernamental, de acuerdo a lo expresado en esa ocasión por el entonces ministro de Salud, Plutarco Arias.
Hasta el momento se desconoce el estatus o si es investigado el exministro de Salud, Plutarco Arias, quien fue destituido el pasado 26 de febrero. Su remoción estuvo precedida por la polémica desatada respecto al proceso de licitación para comprar jeringuillas destinadas al Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus.
Para el pasado 24 de agosto de 2021, Julio Antonio de la Cruz fue removido de su cargo de director general de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC). Había sido vinculado a irregularidades, entre ellas: el nombramiento de familiares y compras arbitrarias, por lo que para ese entonces la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental dijo haber iniciado una investigación, y esta es la fecha que aún se desconoce en qué ha quedado ese proceso.
Otros acontecimientos que han costado el cargo de funcionarios por corrupción y que no están siendo investigados penalmente es el de, José Altagracia Valenzuela Arias, excónsul de Juana Méndez quien fue movido de sus funciones, luego de ua denuncia vertida en el programa Nuria Investigación Periodística, sobre supuesto tráfico de migrantes haitianos, realizado a través de una agencia de viajes en Santiago, que les facilitaba visados dominicanos para viajar a Brasil y quedarse allá de manera irregular.
El exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Cecilio Antonio Rodríguez Montás, quien hasta la fecha, la justicia no ha emitido ningún proceso al respecto y quien fue separado del tren gubernamental, en medio de fuertes denuncias de irregularidades en la adjudicación de raciones de comida y desayuno escolar.
Junto con Rodríguez Montás fueron cancelados José Alejandro Ceballos Paulino, director del gabinete; Andrés Montero Ferreras, consultor jurídico; Deiby Villalona de los Santos, de Gestión de Seguimiento a la Alimentación; Marino Laureano, del Departamento Administrativo, y Jesús Alcántara Alcántara, de la División de Tecnología de la Información y Comunicación.
Adán Peguero, suspendido director del Instituto Postal Dominicano, tiene dos investigaciones paralelas.
Ha sido citado varias veces por Pepca por sometimiento que le formuló el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, por desvinculaciones de personal de Inposdom, negándose rendir cuentas.
La otra investigación surgió a raíz de un contrato fuera de ley firmado por Inposdom con la empresa Mía Cargo, tras denuncia hecha en el programa Nuria Investigación Periodística.
LOS QUE SI FUERON A PRISIÓN. Juan Carlos Torres Robiou fue designado por el entonces presidente Danilo Medina, como director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), pero fue destituido en abril por el presidente Luis Abinader, luego de poner su cargo a disposición.
Ribou cumple prisión preventiva por 18 meses, junto a otros generales y oficiales de alto rango, acusados de estafa millonaria al Estado, mediante la denominada Operación Coral 5G.
Otro funcionario que fue destituido y que desde el 22 de junio del 2021 se encuentra cumpliendo un año de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres es Luis Maisichell Dicent, quien fungía como administrador de la Lotería Nacional.
Bajo la denominada Operación 13, el exadministrador de la Lotería fue suspendido el 19 de mayo pasado por un período de 60 días, por la investigación que realizaba el Ministerio Público luego de que saliera a la luz un fraude en el sorteo realizado el primero de mayo del 2021, con el número 13.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó prisión domiciliaria contra Antonio Gómez Díaz. El Ministerio Público había solicitado 12 meses de prisión preventiva en contra del exencargado regional en Santiago de la DGA, por cometer estas faltas, una de ellas empleada de la citada institución, tipos penales descritos en los artículos 309-1 y 333-2 del Código Penal Dominicano.
Un acontecimiento similar ocurrió en febrero pasado contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Leonardo Faña, supuestamente acusado de cometer abuso sexual en contra de una funcionaria de la institución que dirigía.
El 15 de marzo del 2021, la Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso dos meses de prisión preventiva como medida de coerción a Faña, quien debió cumplir la pena en la cárcel de Najayo Hombres, debido a que el ente judicial imputaba a Faña Batista la violación de los artículos 309 numeral 1, 330 y 332 del Código Penal Dominicano.
La denuncia por agresión sexual en contra de Faña, fue incoada el pasado 18 de enero por ante la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género, dependencia que la tramitó ante la Procuraduría Regional de la Corte de Apelación del Distrito Nacional atendiendo al privilegio de jurisdicción.
Se recuerda que, el 14 de abril del 2021, la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió la medida de coerción al exdirector del AID, al disponer su libertad. El juez Ignacio Camacho dispuso que este pague una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
INDEPENDENCIA SELECTIVA DEL MP. Con relación a estos temas que de una manera u otra casi siempre se encuentran en la palestra pública, N Digital entrevistó al abogado Cándido Simón quien expresó que “la práctica evidencia que la independencia anunciada por el MP tiene algunas pautas y algunos límites.
“Tenemos una Procuraduría General de la República (PGR) reactiva, es decir, accionan en función de la corriente de opinión pública y son selectivos porque seleccionan a quienes procesar, en este caso a los actores del Gobierno pasado”, sostuvo.
Asimismo, dijo que “la prisión preventiva se está utilizando como mecanismo de presión y extorsión para que las personas se doblen, confiesen e involucren a más personas”. En este caso se refirió a varios procesos judiciales recientes, como el de los implicados en la operación Coral y Coral 5G, el caso de Alejandro Girón, entre otros.
