El presidente de la República, Luis Abinader, reiteró por tercera ocasión que la Central Termoeléctrica de Punta Catalina no será vendida al sector privado, debido al contrato de fideicomiso por 30 años que la Cámara de Diputados aprobó para las dos plantas a carbón.
El mandatario, en tono genérico, dijo que la preocupación de quienes se oponen al fideicomiso es que la población conozca el costo real de la central termoeléctrica, pero les aseguró que les llevará “tranquilidad” porque esas plantas no serán vendidas.
“¿Y por qué ellos están tan preocupados?, que se va a vender. No, no se va a vender. ¿Es que si se va a vender quizás se va a saber el verdadero costo de Punta Catalina? Pero les puedo llevar tranquilidad, no se va a vender”, indicó el mandatario al ser cuestionado en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.
Ayer, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, aseguró que el fideicomiso creado para gestionar la central termoeléctrica de Punta Catalina es de titularidad pública.
La entidad aclaró que el fideicomiso es público, el comité técnico del mismo será nombrado por el presidente de la República, con lo que será público, y los beneficios que genere la central irán destinados a la cuenta única del Tesoro.
Fundación Justicia y Transparencia (FJT) dijo el lunes que ha entregado un informe al Senado en el que cuestiona el contenido del contrato del fideicomiso, por contener supuestas “violaciones” a la Constitución, así como indicios de privatización.
La FJT dijo que detectó una serie de irregularidades en el contrato del fideicomiso, de los que “se infiere, indefectiblemente, la vocación que tendrá Punta Catalina de ser privatizada, con el consentimiento del Poder Ejecutivo y la aprobación del Comité Técnico” mediante mecanismos “enteramente privados”.
La entidad solicitó al Senado que deseche el contrato, ya que “llevaría al secretismo” el manejo de Punta Catalina, al entregarlo a un Comité Técnico cuyos integrantes se convertirían en sus “dueños, amos y señores”, usando “el subterfugio de un mal llamado fideicomiso público”.
