El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantés Díaz, ratificó la posición asumida por su organización que reclama el retiro del contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina del Congreso Nacional para que se cambien las condiciones administrativas.
Dantés Díaz, quien es miembro del Comité Político del PLD, dijo que esas condiciones administrativas son cuestionables porque desde un primer momento la figura del fideicomiso público no está contemplado en la Ley 189 – 11 sino en el reglamento de esa esa Ley.
“Lo que le da la fuerza de seguridad jurídica es la ley no un reglamento, o sea todo tipo de acción que se resguarde de la seguridad jurídica debe estar fundamentada en una ley, entonces ya por ahí va mal”, expresó Díaz entrevistado en el programa Matinal 5 y que el PLD reseña en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones.
Explicó que el fideicomitente es quien pone a disposición del fideicomiso los bienes, que en este caso es la Central Termoeléctrica Punta Catalina, un patrimonio del Estado y que automáticamente pasa a ser patrimonio propiedad de un fideicomitido que lo administrará, según el contrato, un comité técnico.
Criticó que ese comité técnico está compuesto por entes del sector privado integrado por cinco miembros, cuatro del sector privado y un solo funcionario de segunda categoría que tiene voz pero no tiene voto en las discusiones.
“El activo más importante del pueblo dominicano en una obra es la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina que le costó al Estado más de 2,500 millones de dólares, y eso no es lo cuesta hoy en día”, aclaró el titular de Asuntos Jurídicos del PLD.
Deploró también que ese comité técnico tiene amplias facultades tales como incorporar a nuevos fideicomitentes que proceden del sector privado y endeudar al fideicomiso hasta el cien por ciento de los bienes aportados.
Agregó que ese comité tiene la facultad de designar de una manera no clara quien operará esa planta termoeléctrica y que la fiduciaria puede ser sustituida en cualquier momento que lo considere de lugar.
“Se ha hecho conciencia de las condiciones leoninas de este contrato y una gran presión social que se opone al mismo, que ordena sea revisado para cambiar sus condiciones, por lo que se impone retirarlo del Congreso Nacional para que se cambien sus condiciones” reiteró José Dantes Díaz.
