Los ayuntamientos constituyen la primera unidad política administrativa del Estado en la Constitución de la República. Sin embargo, dada la frecuencia con la que surgen denuncias de irregularidades, parecerían ser también la primera fuente de corrupción.
En esta ocasión, el programa Nuria Investigación Periodística recibió informes de varias anomalías cometidas por alcaldes, así como directores de juntas de municipales de varias comunidades de la región Norte y Este del país.
La falta de transparencia, el nepotismo, entre otras malas prácticas evidencian el desorden y el caos que impera en la municipalidad.
El director Ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richardson, manifestó que “en los gobiernos locales somos autónomos”.
Esa autonomía política, fiscal, administrativa y funcional que las leyes le dan a las administraciones de los 158 municipios y 235 distritos municipales, se han aprovechado numerosos alcaldes y funcionarios municipales para cometer actos de corrupción.
Se recuerda el caso del exalcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, que fue denunciado en octubre del 2010, cuando le realizaron una entrevista donde quedó claro como beneficiaba a personas de su entorno con contratos muy lucrativos en la alcaldía. Siete años después, en 2017, fue acusado de malversar más de 300 millones de pesos durante su gestión en el período 2010-2016 y condenado a ocho años de prisión, una multa de 60 millones de pesos y la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.
También se destaca el caso del exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez, y el ex encargado de nómina de ese cabildo, Jerson Lizardo, quienes en el 2017 fueron condenados a cinco y ocho años de prisión, respectivamente, por malversar más de 400 millones de pesos. Otro funcionario municipal sometido a la justicia y acusado de desfalco por más de 80 millones de pesos es el exalcalde reformista de La Romana, Tony Adames, quien a pesar de estos antecedentes, volvió a ganar en las recientes elecciones municipales de 2020.
Señala Víctor Feliz Solano, experto en municipalidad que “básicamente es por tema de su popularidad. Ahí hay una gran responsabilidad de los partidos políticos cuando postula esta persona que cautivan en estos territorios para captar votos.
Así pareciera que lo hizo el regidor de la Junta del Distrito Municipal del Cruce de Guayacanes, José Rafael Quiñones, pese a que no reside en la comunidad que lo eligió sino en Nueva York, tal y como lo confirmara su padre en una llamada telefónica que le realizaron.
El experto en municipalidad lo considera inaudito. “Es imposible que una autoridad electa, no importa cómo se llama, porque todos son electos, directores, regidores, alcaldes y vicealcaldes, no pueden residir fuera del país. De hecho, la Ley les obliga a residir en el municipio o en la unidad geográfica donde fueron electos”, expresó.
Por su parte, Víctor D Aza, Sec. Gral. Liga Municipal Dominicana dice: “No, fuera del país no pueden correr porque ya la ley establece unos plazos para las ausencias, es decir, todo está marcado. Por ejemplo, una ausencia menor de 15 días, los alcaldes pueden salir, simplemente tienen que informar su consejo de regidores, pero cuando sobrepasa los 15 días ya, entonces tienen que tener un permiso especial”.
Pese a que la Constitución de la República y la Ley 41-08 del Ministerio de Administración Pública (MAP) estipulan en uno de sus artículos como faltas disciplinarias de que servidores públicos ejerzan cargos distintos en dos entidades del Estado y la Contraloría ha implementado desde 2012, el cruce de nóminas para evitar la duplicidad de empleos en la administración pública, esto al parecer no aplica para los regidores. En el Ayuntamiento de San Felipe de Puerto Plata, Arnulfo Enrique Ferreras Ramírez, devenga un salario de 200 mil pesos en la Dirección General de Aduanas y 50 mil pesos como regidor. Renunció a este último sueldo mediante una solicitud del 26 de febrero de 2021 y lo cedió a cinco instituciones sin fines de lucro: Fundación Casa de Nazaret, Liga Deportiva Villa Progreso, Fundación Océano Limpio, el Hogar de Ancianos Paz y Esperanza y la Fundación Sembrando Semillas de Esperanza. El que distribuya el sueldo como mejor le convenga y que sea el filántropo con el dinero de todos no es lo que la ley dispone donar el sueldo no es lo que establece la ley es renunciar al puesto y es algo en lo que coinciden tanto expertos en el tema como autoridades de las instituciones vinculadas al sector municipal.
Cándida Antonia Rodríguez de Leonardo también forma parte del grupo de regidores que ostenta varias funciones en el actual Gobierno. Se desempeña como directora regional del Ministerio de Educación, devengando un sueldo de 150 mil pesos, y como regidora del Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao, con otro salario de 52 mil 200 pesos, lo que le cuesta al Estado unos 252 mil 200 pesos mensuales.
A lo que Víctor Feliz Solano dice que Es incompatible. “La función del regidor es incompatible con otra función que no sea la que dice La Ley de función pública, la que rige el MAP”.
En el municipio Navarrete de Santiago ocurre lo mismo con la regidora Jacqueline Altagracia Mercado Genao, regidora del Ayuntamiento de Villa Bisonó y a la vez directora del distrito educativo 08-07 de Navarrete, En Barahona, el regidor Julio Ernesto Samboy Jiménez también ocupa la posición de director del Distrito Educativo 01-03. Muchos justifican estas duplicidades con el artículo 144 de la constitución que establece: “Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia”, pero es oportuno hacer esta aclaración.
El nepotismo constituye otras de las irregularidades que se han arraigado en la municipalidad. Muestra de ello es el Ayuntamiento de Bonao, donde el alcalde Eberto Antonio Núñez tiene designados a su hermano, Luis Núñez, como obrero de camión con un salario de 4,500 pesos, y a su tío, Félix Antonio Núñez, como técnico en gestión ambiental, ganando 6,600 pesos.
También fueron recibidas denuncias de irregularidades en los ayuntamientos de Azua y Pedro Brand, cuyos alcaldes son Ruddy González y Wilson Paniagua Encarnación. Sobre la gestión de este último ya presentamos otro reportaje en mayo de este año, en el que regidores lo acusan de abuso de poder, manejo discrecional de fondos públicos, entrega de cheques sin fondo, desvinculaciones irregulares, entre otras violaciones a las leyes que posteriormente fueron confirmadas por la Contraloría General de la República.
Ahora se suman nuevas anomalías como las designaciones irregulares de contralores municipales tanto en Pedro Brand como en Azua. Algo muy delicado debido a que tienen la responsabilidad de fiscalización en el uso de los recursos. Comencemos con Azua, donde se destituyó al contralor municipal, José Arturo Filpo Silverio, quien tenía 10 años desempeñando esa posición. En su lugar, designaron con un salario de 25 mil pesos a Jennifer Massiel Melo Ruiz. Lo mismo ocurrió en Pedro Brand, donde fue designado Juan Arismendy Santana de la Cruz, quien era empleado del ayuntamiento y fue nombrado como contralor municipal interino.
Según estas certificaciones que solicitamos al Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana evidencian que ni Jennifer Massiel Melo Ruiz ni Juan Arismendy Santana de la Cruz son CPA o contadores públicos autorizados.
La gran cuestionante es qué están haciendo los organismos competentes para solucionar el problema.
A lo que respondió el Sec. Gral. Liga Municipal Dominicana “Recientemente se concluyó un algo novedoso que es la designación de profesionales de la contabilidad y áreas afines mediante cursos concurso. Es decir, estuvieron durante varios meses en un curso y participaron más de 1600 profesionales para escoger en principio 20 y llegar hasta 32 para tener en cada provincia”.
Los nombramientos irregulares no constituyen la única irregularidad. Hemos recibido informes de alcaldes que aprueban proyectos de inversión privada sin llevar a cabo todo el proceso que contempla la ley. Regidores de Pedro Brand denunciaron que en una sesión llevada a cabo el pasado 16 de diciembre se dispuso la aprobación del uso de suelo para la construcción de una nave industrial a la empresa Pico Duarte Carton S. A. en el kilómetro 22 de la carretera Duarte en el Parque Industrial Duarte en el distrito municipal de La Guáyiga sin la propuesta haber pasado por manos de la Comisión de Planeamiento Urbano, la cual debe rendir un informe. Por otra parte, en Azua, autoridades del distrito municipal Puerto Viejo denunciaron que el alcalde del municipio de Azua de Compostela, Ruddy González, dispuso la aprobación de un proyecto eléctrico sin haberlo consensuado con la junta distrital y los sectores sociales de la comunidad, que al fin y a la cabo serían los afectados directamente en caso de que resulte perjudicial.
Se refiere a la empresa Karpowership, que fue cuestionada por la instalación de una central de generación eléctrica consistente en una barcaza flotante en el puerto de Boca Chica, donde quince organizaciones y varias personalidades de ese municipio de la provincia Santo Domingo interpusieron un recurso de reconsideración ante el Concejo de la alcaldía, para que revoquen la autorización de uso de suelo, debido a que la empresa no contaba con los estudios correspondientes y estaría afectando la vida de los comunitarios, así como la fauna y flora.
Y esta y otras irregularidades, la gran cuestionante es que ha pasado con los mecanismos institucionales que se han creado durante los últimos años para frenar todas estas malas prácticas. En el año 2015, surgió el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública aplicado a los Gobiernos Locales o SISMAP Municipal, una aplicación tecnológica que recoge información sobre las gestiones para identificar sus avances, áreas de mejora y resultados, y se otorgan calificaciones en varios indicadores como recursos humanos, gestión de compras y contrataciones y acceso a la información con rangos de puntuación desde 0 hasta 100 y esquema de colores desde el rojo (que es el más bajo rendimiento) al verde oscuro (que es el máximo rendimiento).
Al consultar el ranking del SISMAP que mide la gestión de los ayuntamientos a nivel nacional, encontramos que el de Baní está en el primer lugar como el mejor valorado con un 94.35%, el de Bánica con un 94.13% es el segundo, y el de Villa Tapia, en tercero, con un 93.48%. Mientras el ayuntamiento de Azua con un 48.91% ocupa la posición 97 y el de Pedro Brand refleja un 38.26%, encontrándose en la posición 120 del ranking.
Mientras que en los de peor manejo, están el Peñón con una calificación de 17.17%, el de Tábara Arriba con 18.26% y Arenoso con 8.91%, sin que se aplique ninguna sanción.
Incluso, muchos expertos hablan de un vacío en el marco legal que rige al Distrito Nacional y los municipios y que de llenarse podría ayudar a aumentar los niveles de transparencia en los gobiernos locales.
Los ayuntamientos reciben sus fondos de manera directa, sin ningún intermediario.
En ese sentido, el Senado de la República ya ha emitido un informe favorable para la modificación de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios, en la que se proponen unos roles más fuertes para la Liga Municipal sin que se le lacere la autonomía de los gobiernos locales.
Esto parecería un sueño o una quimera, sobre todo en momentos en que vemos todas estas denuncias de irregularidades en los ayuntamientos que evidencian una cruda realidad: el sistema ha fallado al momento de prevenirlos y castigarlos, porque se sienten omnipotentes, como mismo lo confiesa el alcalde de Pedro Brand en esta conversación vía Whatsapp, con evidentes faltas ortográficas, por cierto: “Si a mí, hubiese sido que me viera nombrado el presidente ya me vieran cancelado que sepan que yo gané por el voto del pueblo”. Tal vez ese principio de que no pueden ser destituidos mediante un decreto, a diferencia de funcionarios del gobierno central es lo que les da la confianza para hacer y deshacer por encima de quien sea.
