Varias personas han expresado sus quejas por el viacrucis que han tenido que pasar al momento de decidirse adquirir un proyecto inmobiliario en la República Dominicana.
Un ejemplo fue sucedido en el 2018, cuando la señora Dayana Gil decidió separar su apartamento en el proyecto Martina Caribbean de la constructora Ingasa, ubicado entre las avenidas 30 de mayo y Luperón, con la promesa de que la constructora entregaría al año siguiente.
Señaló que se le mandó un correo de que el proyecto ya estaba listo, en enero 2021 y entonces ya luego de ahí, se le informó “que de 15 a 30 días tenemos para finalizar el proceso del banco para el entregarnos” y aún espera.
Una de las primeras quejas de los adquirientes es que existen constructoras que se retrasan por años, incumpliendo sus promesas, mientras que se les exigen plazos arbitrarios, donde sí hay penalidades para ellos, a los constructores tienen penalidades mínimas que difícilmente se aplican, porque siempre hay clausulas en los contratos, que les blindan con diferentes circunstancias, desde medioambientales, escasez de materiales, hasta de problemas de emergencia nacional, donde pudiera caber la pandemia del Covid 19, entre otras.
El Presidente del CODIA, ingeniero agrónomo, Dolores Nuñez, manifestó que el asunto de los cambios de la entrega dependerá de los acuerdos con los desarrolladores, por lo que considera que es una parte que debe manejarse tanto el adquiriente con la empresa constructora como el banco que esté manejando en ese aspecto la construcción.
“De hecho, hay adquirientes que, aún cumpliendo con los pagos a tiempo de las cuotas para el inicial, aseguran que son víctimas de medidas que a la larga los afectan”, destacó al ser entrevistada en el programa Nuria Investigación Periodística..
Por su parte, Jefrey Paulino, denunció el desamparo de adquirientes en RD y “nosotros cumplimos a cabalidad lo que ellos nos pedían, que era un avance de 50 mil pesos para apartarlo, luego 10 cuotas de 44 mil pesos y nosotros nunca tuvimos una falla en cuanto a eso”, expresó el denunciante.
El señor Paulino es uno de los 94 adquirientes, que ya habitan el residencial y dicen sentirse impotentes ante lo que para ellos han sido arbitrariedades tras arbitrariedades.
En este reportaje se pudo visualizar a través del grupo de Whatsapp, que hay un malestar común. Todos plantearon atrasos en la recepción de sus inmuebles, por dos años, y aumentos de entre 155 mil a cerca de 200 mil pesos, según el tipo de apartamento.
Muchos manifestaron estar inconformes, aún cuando aceptaron estas medidas para poder mudarse por fin a sus viviendas y no tener doble gastos para sus familias (por vivir alquilados y por otro lado las cuotas por adquisición de su nueva vivienda).
Además de que no pagar aumentos no era una opción, cuando el contrato tiene una cláusula que tolera el aumento por alza de materiales, lo que no se estipula es un límite de aumentos, que pudiera ser una variable a tener en consideración antes de comprar un inmueble, pues para muchos de estos adquirientes ha resultado un desequilibrio en sus finanzas afrontar dos aumentos en menos de un año.
Paulino explicó que desde el año 2019 al año 2020 hicieron dos aumentos, uno antes de que la pandemia entrara en vigor y el segundo aumento la pandemia entrando en vigor, nosotros en los dos aumentos que ellos hicieron accedimos, uno de 65 mil pesos y el otro alrededor de los 90 mil pesos.
En tanto, el presidente CODIA, dijo que los constructores, los desarrolladores, las compañías que se han dedicado a hacer apartamentos casas, si ese 40% en el aumento en los materiales de construcción tienen que aplicárselo a alguien, los constructores jamás van a hacer negocios para perder y ahí se aplica al adquiriente.
La mayoría de estos adquirientes, compraron su vivienda por primera vez, lo que los hace poder ampararse en la ley 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, que otorga a una fiduciaria el poder para administrar los recursos y bienes destinados a desarrollar un proyecto inmobiliario, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato con mayor seguridad para las partes y facilitando una serie exenciones fiscales y bonos que abaratan los costos del inmueble.
Los denunciantes expresaron que con la experiencia que han tenido estos adquirientes, han llegado a la conclusión de que la ventaja para ellos no ha sido tan plena.
“A la larga nos dimos cuenta que el valor que el aumentó, fue el valor que mandó la DGII del bono de primera vivienda, el aumento para ese dinero sacarle también provecho” expresó Dayana Gil, una de las denunciantes.
Asimismo manifestaron que otro problema al que se han tenido que enfrentar, es que con los atrasos que han tenido en la entrega del inmueble por parte de la constructora, esperaron la confirmación de fecha real de entrega para iniciar los procesos del préstamo bancario con el que se pagaría el total del inmueble y esto desató lo que consideran otra arbitrariedad más, pues la constructora en una carta, les otorgó un plazo que no fue suficiente para la evaluación y aprobación de los préstamos hipotecarios y terminaron cobrándoles moras de hasta más de 100 mil pesos por mes.
Jeffrey Paulino indicó que la constructora quería cobrar 4 meses de mora ascendiendo a unos 426 mil pesos, solo de mora, propuesta a la que se negaron, ya que no entendían en que se basaban ellos para cobrarles mora si no estaban en falta.
Los adquirientes mostraron correos enviados desde la constructora INGASA, donde les hablan de los aumentos, y el cobro por mora, aplicando un 5% al monto total del contrato, a pesar de que muchos de ellos habían ya pagado el inicial.
“Se basaba en que nosotros estábamos atrasados con el pago, ellos se refieren al pago del préstamo del banco, ellos dicen que nosotros teníamos que tener el préstamo aprobado para el mes de enero 1 del 2021, mandándonos ellos comunicación para los primeros días del mes de enero” dijo Paulino.
No importaba que los adquirientes estuvieran al día con los pagos de la inicial, y que los retrasos en la entrega de los apartamentos, sumados a la burocracia bancaria detuvieran unos meses la conclusión del pago total, la balanza simplemente no favorece a los adquirientes.
Al leer el contrato completo, que dicho sea de paso no lo hace la constructora sola, sino que es manejado por la fiduciaria también, se pudo observar que aunque los adquirientes en este y otros casos, terminan con los cañones apuntando hacia las constructoras, en este tema hay un problema sistémico mayor, donde se ha vendido la idea de que con el respaldo de un fideicomiso hay más garantías para los adquirientes y sí hay más descuentos, pero los contratos siguen teniendo una balanza más a favor de Las constructoras.
Contrario a lo que creen los adquirientes de que las moras son de un 3%, el contrato tiene dos tipos de mora, la del 3 % se aplica en el proceso de pago del inicial y la del 5% se aplica al costo total del inmueble cuando haya retrasos en el préstamo hipotecario. No es un cobro irregular y fuera de contrato como pensaban los adquirientes, aunque, ahora bien, es desventajoso para ellos, más cuando no se les dan los 90 días que dice el contrato, sino que en la carta habla de 30 días.
Por otro lado, muchos adquirientes coinciden en que desde la constructora se les ofreció como solución devolverles el dinero al no estar de acuerdo con estas medidas.
A parte de toda esta situación, los adquirientes se quejan de que los que han accedido a todas las medidas trazadas por la constructora para por fin recibir su inmueble, cuando lo reciben se han encontrado con vicios ocultos.
“Cada vez que llueve se nos entra el agua a la casa, tenemos que estar con suapes y escobillones, porque el pegamento que pusieron en las ventanas fue del peor y han querido arreglar y no se ha podido hacer nada, hay desperfectos en todas las puertas, cuarteadas, el lavadero, que hemos mandado correos desde hace 6 meses, y ellos no han dado respuesta”, indicó Paulino.
Otro punto que plantean es la inseguridad que sienten al faltar la construcción de un muro de contención donde van los tanques de gas del primer nivel y a esto se suma la entrada y salida de camiones por la construcción de otras etapas, además de ruidos fuera de los horarios acordados para trabajos en los condominios.
De igual manera hay otras quejas por la construcción del área verde, que aún no está habilitada y según el ingeniero Pablo Pichardo, ex empleado de la obra y que tiene una demanda contra la constructora por incumplimiento de pago de prestaciones, la idea es sacarle provecho económico al área previamente dispuesta para esos fines.
El exingeniero en el Proyecto Martina Caribbean, Pablo Ernesto Pichardo, ofreció su versión del caso.
“Según las condiciones del proyecto, un área de más de 8 mil metro necesita un área verde de más de un 6 % y esa área verde del residencial dice que tendrán el área verde después que construyan esas tres etapas y él quiere incluir una 6ta etapa y es en el sitio donde está el área verde”, indicó.
Pichardo, mostró dos planos de la obra, donde en uno se visualiza la ubicación del área verde y en el otro la misma área se proyecta otras construcciones de edificios.
Los vecinos se quejaron por esto en el Ayuntamiento, donde les dijeron que no pueden tomar medidas a futuro, sino que de la constructora ejecutar, regresen con la denuncia, pues deben esperar que terminen las etapas faltantes. Para los vecinos, una muestra de autoridad reactiva y no preventiva.
Se solicitó una entrevista al Ingeniero Juan Luis Crisóstomo, representante de INGASA, a través de la Arquitecta Jualina Crisóstomo, y no accedieron a la misma.
De igual manera, se solicitó una entrevista en Proconsumidor y prefirieron enviar una carta, donde establecen que desde 2018 a la fecha han recibido 13 quejas de esta constructora de las cuales 11 ya llegaron a conciliación y dos están en proceso.
En tanto que Proconsumidor, no señala si hubo alguna violación de la constructora, pues al quedarse en etapa de conciliación no hicieron procesos de inspección o solicitud de pruebas adicionales. Una opción que tienen los adquirientes que tengan dudas o quejas en sus procesos de compra de inmuebles es acudir al CODIA.
“Nosotros lo que hacemos es que enviamos técnicos especializada, soluciones entre las partes“, manifestó.
Cabe destacar que hay algo que salta a la vista, que al comprar se debes revisar cada cláusula del contrato, pues de no hacerlo, luego se cuestionarán cosas que aunque parezcan injustas, no han sido medidas ilegales.
