Desde tempranas horas de la mañana los imputados en el caso Anti Pulpo llegan al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional donde se le revisarán las medidas de coerción que se les han impuesto desde diciembre del 2020, cuando el Ministerio Público imputó a decenas de personas por corrupción y asociación de malhechores, siendo el principal acusado Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, ha asegurado en varias ocasiones que el Ministerio Público a depositado miles de pruebas contra Medina Sánchez y los demás exfuncionarios acusados por corrupción administrativa dentro de la red desarticulada por el Ministerio Público con la Operación Anti Pulpo.
Camacho ha detallado que solo en documentación de las evidencias el Ministerio Público entregó al tribunal un dispositivo con 194 GB en información.
Fotos de Franklin Guerrero
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de pertenecer a un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Contra Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas imputadas y 21 compañías, el Ministerio Público presentó acusación el 17 de diciembre del 2021, mediante un voluminoso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.
Juez Timoteo Peguero
Foto: Franklin Guerrero
El Ministerio Público también acusa por este caso a Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.
Asimismo, son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.
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La acusación del caso presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presenta cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
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El expediente señala que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.
Destaca que llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados amparado en la intervención del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios.
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El expediente aporta pruebas de cómo el entramado societario vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez se benefició de una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo Terrero.
Describe cómo Juan Alexis Medina Sánchez, el gerente operativo del entramado de corrupción, pasó de convertirse de “un pequeño negociante, con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos”, en un próspero suplidor de múltiples dependencias estatales.
El juez Timoteo Peguero fijó la audiencia preliminar para el 4 de abril de 2022 y posterior a esta fecha se estará conociendo todos los lunes subsiguientes hasta que termine el proceso, es decir 11 de abril, 18 de abril, 25 de abril, 2 de mayo, 16 de mayo, 23 de mayo y 30 de mayo. Si posteriormente a ello se requiere de mayores audiencias se hará otro calendario por disposición del tribunal.
El juez Peguero dispuso la revisión de la medida de coerción a los privados de libertad de este caso para el día 21 de febrero, a las 9:00 de la mañana.
Además ordenó solicitar a la Defensoría Pública la asignación de un defensor para que asista en su medio de defensa al imputado Carlos José Alarcón.
