Los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Santiago, revocaron la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente e impusieron medidas de coerción contra Alejandro Rafael Pérez Pérez, implicado en la red del crimen organizado desmantelada con la Operación Falcón.
Contra Pérez Pérez el tribunal impuso el pago de una garantía económica de RD$1,500,000, e impedimento a salir del país.
La decisión pondera los argumentos del Ministerio Público al apelar la decisión dictada en octubre del año pasado por el juez Miguel Alejandro Báez.
En la audiencia de apelación el Ministerio Público estuvo representado por el procurador de corte Juan Carlos Bircann y los fiscales Sourelly Jáquez, Yeny Liranzo y Pedro Martínez.
Los fiscales aportaron múltiples pruebas que evidencian la afiliación del imputado con la organización criminal, y refieren que Pérez Pérez se encargaba de administrar los negocios de venta de combustibles adquiridas fruto de las operaciones ilícitas del grupo, para lavar dinero producto del narcotráfico.
El imputado tiene parentesco con el prófugo Erick Randhiel Mosquea Polanco, sindicado como el cabecilla de la organización criminal.
Los jueces validaron las pruebas del voluminoso expediente, ya que develaron la responsabilidad penal del imputado en la estructura mafiosa que movilizó millones de pesos en bienes y efectivo, fruto de actividades del narcotráfico y el tráfico ilegal de armas de fuego.
