SANTO DOMINGO.- El Juzgado de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia acogió la solicitud del Ministerio Público y envió a juicio de fondo al diputado Gregorio Domínguez Domínguez, imputado por violación de propiedad privada.
La jueza Vanessa Acosta acogió como buenos y válidos los argumentos presentados por el procurador adjunto Rafael Suárez Pérez, el procurador de corte Melquíades Suero y el fiscal litigante Edwin Acosta, para enviar la acusación a juicio de fondo.
El Juzgado de la Instrucción Especial apoderó del auto de apertura a juicio a la Segunda Sala del supremo tribunal.
La magistrada Acosta, integrante de la SCJ, fue designada por la Presidencia de la alta corte como jueza de instrucción especial para el caso, en virtud de la jurisdicción privilegiada que, por ser congresista, le corresponde al representante de la provincia Santiago.
La jueza también determinó que Domínguez Domínguez continúe el proceso en libertad y rechazó el pedimento del órgano de la acusación de imponerle presentación periódica como medida de coerción.
La acusación establece que el legislador violó los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública, y el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad, en perjuicio de Lucila Nelly Capellán Luna.
“El Ministerio Público tiene suficientes elementos de pruebas para que el imputado sea condenado”, expresó el procurador adjunto Suárez Pérez, al hablar con la prensa a su salida de la audiencia de este martes en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.
En torno al hecho, el expediente señala que alrededor de las 10:00 de la mañana del 27 de mayo de 2020, los señores Basilio Catalino Martínez (Jaime) y Emmanuel de Jesús Williams Molina, empleado del imputado el primero y chofer de la retroexcavadora el segundo, se presentaron, por instrucciones del imputado Gregorio Domínguez Domínguez, a la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, donde la víctima Capellán Luna construía su vivienda.
Explica que una vez en el lugar, Catalino Martínez y Williams Molina procedieron al desalojo, destrucción y posterior demolición de la vivienda levantada por la víctima, la cual estaba en etapa de construcción a nivel de techo. Detalla que los hombres actuaron sin las debidas formalidades de la ley y con la participación y orden del imputado.
El Ministerio Público le atribuye al legislador los tipos penales vinculados con llevar a cabo medidas ejecutorias y conservatorias inobservando el procedimiento de ley, tomar participación o requerir la ejecución de un embargo o medida conservatoria sin título ejecutorio e introducirse a una propiedad inmobiliaria sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario.
El órgano de la persecución penal acompaña la acusación de diversas pruebas testimoniales, documentales e ilustrativas.
