El estado de Idaho, en el noroeste de Estados Unidos, promulgó este miércoles una ley que permite demandar a los proveedores de servicios de aborto en tribunales civiles, en momentos en que los conservadores intensifican en todo el país sus esfuerzos para anular los derechos reproductivos vigentes desde hace tiempo.
El proyecto de ley de Idaho permite a las familias de las mujeres que han abortado -y al padre del feto- demandar a los proveedores, una medida inspirada en una controvertida ley de Texas.
El gobernador Brad Little, que firmó el proyecto de ley el miércoles, dijo que era un ferviente partidario de los derechos de los “bebés antes de nacer”, pero temía que ese enfoque hiciera que la ley fuera inconstitucional.
“Aunque apoyo la política provida de esta ley, me temo que el novedoso mecanismo de aplicación civil se demostrará en poco tiempo como inconstitucional e imprudente”, escribió en una carta a la legislatura estatal.
“Delegar en ciudadanos privados la imposición de fuertes multas monetarias por el ejercicio de un derecho constitucional desfavorecido pero reconocido judicialmente, con el fin de eludir la revisión judicial, socava nuestra forma constitucional de gobierno y debilita nuestras libertades colectivas”, agregó.
Al igual que los críticos de la ley de Texas, Little dijo que enmarcar la legislación de esta manera socava derechos que los conservadores aprecian, como el derecho a poseer armas.
– “Gobierno irresponsable” –
Los grupos de derechos civiles y la Casa Blanca arremetieron contra la ley de Idaho.
“Los legisladores promocionaron abiertamente este proyecto de ley como una forma ‘inteligente’ de socavar el acceso al aborto eludiendo la revisión judicial”, dijo Lauren Bramwell, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Es una forma de “gobierno irresponsable y políticamente motivada que perjudicará a personas reales que merecen decidir por sí mismas lo que es mejor para ellas y sus familias, sin interferencias políticas”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el proyecto de ley de Texas e iniciativas que le imitan como la de Idaho eran un intento de socavar los derechos establecidos en la sentencia Roe v. Wade de la Corte Suprema de 1973, que cimentó el derecho de la mujer al aborto.
“Esto es devastador para las mujeres de Idaho, ya que impedirá aún más el acceso de las mujeres a la atención sanitaria, especialmente las que tienen bajos ingresos y viven en comunidades rurales”, dijo.
“En los últimos seis meses, [la ley] de Texas ha tenido efectos profundamente negativos, con mujeres obligadas a viajar cientos de kilómetros para acceder a la atención, y las clínicas de los estados vecinos han visto un aumento significativo de la demanda”, agregó.
Los políticos conservadores han lanzado un ataque frontal contra el aborto, un tema que divide profundamente a Estados Unidos y que es importante para los votantes.
Un total de 1.844 disposiciones relacionadas con la salud y los derechos sexuales y reproductivos se han introducido en 46 estados de la Unión durante los últimos dos meses y medio, según el Instituto Guttmacher, que defiende el derecho al aborto.
Los legisladores de los estados conservadores del sur, liderados por los republicanos, han presentado proyectos de ley que endurecen las restricciones al aborto, mientras que sus homólogos de los estados progresistas, gobernados por los demócratas, han presentado medidas que protegen el derecho de la mujer a elegir.
El frenesí legislativo se produce en un momento en que la Corte Suprema, dominado por los conservadores tras la nominación de tres jueces por parte del expresidente Donald Trump, parece dispuesto a reexaminar la sentencia Roe v. Wade.
AFP
