El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención destacó que el Gobierno ha entregado $2,578.1 millones de pesos por concepto de pago de 624 cubicaciones de 407 escuelas, que se construyen en distintas comunidades del país, con la finalidad de que esos planteles sean terminados e inaugurados en el más breve tiempo posible.
Al encabezar un encuentro con contratistas de escuelas en el Club Recreativo y Cultural del MOPC, Ascención informó que en una reunión previa en la Contraloría General de la República el listado de esas cubicaciones que se han pagado, 408 corresponden al año 2021, y 216 a lo que va del 2022.
Asimismo, dijo que además de esos pagos, otros contratistas tienen sus libramientos, certificaciones y apropiaciones desde el Minerd en la Contraloría para fines de desembolso, y otra cantidad ascendente “a unos 1,900 millones de pesos de avance de esos presupuestos de terminación”.
Explicó que eso fue una previsión que se tomó sobre el presupuesto de terminación, de consignarle un 20% a fin de poderlos capitalizar, y que los contratistas pudieran concluir los trabajos.
Sostuvo que para garantizar que los contratistas sean los continuadores de procesos en el que resultaron adjudicatarios, y no hacer lo que establecían los propios reglamentos de los procesos, el límite que establece la Ley 340, sobre compras y contrataciones, lo que debía hacerse en estos casos era iniciar nuevos procesos con el presupuesto reformulado.
“Pero nos fuimos por el camino de crear una modificación a la ley, que permitiera que ustedes, la gran mayoría que no conocíamos, fueran los que pudieran concluir esas escuelas, porque en su casi generalidad ustedes han sido afectados por un sistema que no lo crearon, y por condiciones que no eran responsabilidad de ustedes”, precisó.
Explicó que para garantizar que los contratistas sean los continuadores de procesos en el que resultaron adjudicatarios, y no hacer lo que establecían los propios reglamentos de los procesos, el límite que establece la Ley 340, sobre compras y contrataciones, lo que debía hacerse era en estos casos era iniciar nuevos procesos con el presupuesto reformulado.
“Estoy pidiendo al área de edificaciones escolares del MOPC que me entregue una relación de las escuelas que se están trabajando, y esa relación yo la voy a ir chequeando con esta cubicación de pagos, porque ya no debe haber excusa para un contratista que haya recibido dinero a que la obra no se active”, expresó.
Dijo que los protagonistas de todos los esfuerzos que se hacen con esas obras son los estudiantes de sectores pobres en las comunidades, y que esas escuelas son y serán el vehículo que servirá para la movilidad social.
Esfuerzos por concluir planteles
Ascención refirió el esfuerzo que ha hecho el gobierno con el tema de la construcción de escuelas, y el seguimiento que de manera particular le da el presidente Luis Abinader.
“Martes tras martes, hay una reunión con la presencia del presidente de la República, donde se pasa revista a la situación de las escuelas, primero por la cantidad de obras que involucra, estamos hablando de cerca de 600, pero además por la naturaleza de este tipo de obras, que tiene un impacto directo en la infraestructura escolar, en lo que es la educación de la República dominicana”, refirió.
Del total que se ha pagado a los contratistas, que asciende a RD$2.578,156,672.72, se erogaron en el año 2021 la suma de RD$1,708,772,409.44, mientras que en lo que va del presente año 2022 se han pagado 869,384,263.28.
Esas erogaciones, según explicó el ingeniero William Recio Galván, director de Procesos y Control de Gestión, de la Dirección General Gerencia de Proyectos del MOPC, corresponden a cortes o avances sobre los trabajos realizados a la fecha de cada escuela con los precios actualizados; a cierre por escuelas terminadas y que el gobierno anterior dejó las deudas.
También, por avance a los presupuestos de terminación y cuando ya los contratos están certificados, y a deudas que existían de cubicaciones, no de corte ni cierre, sino normales que estaban encharcadas, y que involucraba a todas las escuelas en construcción.
Recio Galván expresó que cuando se hizo la primera resolución de la Contraloría General, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Compras y Contrataciones habían solicitado se hiciera una adenda para las deudas pendientes de cubicaciones en planteles escolares, otra para las cubicaciones de corte, y otra para el presupuesto de terminación y/o presupuesto reformulado.
“Luego de varias discusiones, en el sentido de que los trámites burocráticos iban a tardar demasiado, fue que se hizo, o se eliminó o se anuló la anterior resolución, y el 20 de diciembre se confirmó y realizó una nueva resolución que fue aceptada para hacer una sola adenda, que se le haría al presupuesto de terminación y/o reformulado”, explicó.
Agregó que esa adenda contaría con el aval hasta un 25% solamente de ese presupuesto de terminación, si apareciera algún tipo de partida que esté fuera de ello, si fuese necesario realizarle, y las deudas pendientes que estarían en el Minerd, a los contratistas se les estaría pagando con un informe histórico al corte del proyecto para los fines de pago.
Explicó asimismo que el flujo de pago a partir de diciembre de 2021 resultó mayor, y que anteriormente al mes de diciembre y al inicio del proyecto de ley solo se estaban pagando las cubicaciones que no llegaban al 80%, o que no sobrepasaban de ahí, que es lo que permitía la ley.
Dijo que el flujo de pago a partir de diciembre de 2021 resultó mayor, y que anteriormente al mes de diciembre y al inicio del proyecto de ley solo se estaban pagando las cubicaciones que no llegaban al 80%, o que no sobrepasaban de ahí, que es lo que permitía la ley, de que un contrato ya cuando pasaba del 25% ya pertenecía al nudo legal, luego del proyecto de ley.
“Por eso es que era necesario la realización de una resolución, y luego de un acuerdo interinstitucional también para cambiar los trámites burocráticos entre las supervisoras, Fiscalización, Minerd, Contraloría, y así sucesivamente, de que un contrato cuando pasaba del 25% ya pertenecía al nudo legal, luego del proyecto de ley, y por eso es que era necesario la realización de una resolución y luego de un acuerdo interinstitucional también para cambiar los trámites burocráticos entre las supervisoras, Fiscalización, Minerd, Contraloría, y así sucesivamente”, concluyó.
En la actividad también participaron Félix Miguel Martínez, director de la Gerencia de Proyectos; William Recio Galván, director de Cubicaciones del MOPC; Fernando Hiram Taveras, director de Mantenimiento de Infraestructura Escolar del Minerd; Arturo García Reynoso, coordinador de Fiscalización del Minerd.
También, Julio Almonte, asistente del director ejecutivo del Gabinete Sector Construcción; y Jonathan Merán, encargado de la Fundación Pedro Martínez, y el sacerdote José Ramón López, director nacional de Fe y Alegría.
