El exprocurador Jean Alain Rodríguez presentó su defensa material para defender su integridad ante la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz en ocasión del conocimiento de una solicitud de prórroga pedida por el Ministerio Público al vencerse el plazo de ocho meses que les otorgó el tribunal, y no presentar acusación en su contra.
En una nota de prensa el exprocurador explicó por qué la prórroga no debe ser otorgada, rebatiendo los argumentos expuestos por los miembros del órgano investigador.
El exprocurador recordó que “hace así un año la PEPCA le dijo al tribunal, al país que tenían un “expediente blindado” y hoy resulta que necesitan más tiempo para finalizar su manipulada investigación” expresó Rodríguez al iniciar su exposición.
“Estoy privado de libertad por promover la construcción de cárceles. Lo hice convencido de que contribuye a reducir la criminalidad; lo hice porque es lo humano; porque es una deuda atrasada por más de 70 años que nos presenta ante nuestra gente y el mundo como inhumanos ante tanto hacinamiento, drogas, violaciones y muertes. No decidí impulsar esas construcciones por antojo, sino porque 41 de las 42 cárceles dominicanas habían sido construidas por la propia Procuraduría General en pasadas gestiones, y la nueva Ley 113-21 en su Art. 54 a quien ordena hacerlo es a la Procuraduría, confirmando la práctica de mis antecesores” resaltó el ex procurador.
“Hoy cumplo nueve meses bajo arresto; sin interrogarme, sin requerirme, sin llamarme. Sin ninguna explicación ni delito, me presenté voluntariamente a la Procuraduría General el 29 de junio del 2021 y me puse a la orden de la justicia. Con humildad y respeto le contestamos en ese momento sométanme y detengan la prisión hasta que las muestren. Sin delitos, sin pruebas, sin auditorías, sin testigos, sin peligro de fuga, sin obstaculizar la investigación; en fin, sin causar un daño, me tienen desde ese día privado de libertad. He cometido errores en la vida, pero nunca un delito. Decir la verdad en el momento incorrecto me ha traído a desenmascarar la mentira en el lugar correcto”, expresó Rodríguez.
“Me tienen privado de libertad sin ser ingeniero, por temas de pintura, impermeabilizantes y de construcción, sin yo haber puesto un solo block. Esos son temas administrativos y no penales, y en todo caso dónde están los 60 contratistas que supuestamente construyeron mal? No han interrogado ni a un solo de ellos a pesar de afirmar en múltiples ocasiones que son estructuras inservibles. Ni los llamarán, porque no es justicia, es venganza. Me tienen privado de libertad por supuestos sobornos, pero nadie sabe quienes son esos sobornantes, ni como pagaron, cuándo, dónde, por cual obra. No han presentado nada por qué a mi nadie me ha dado nada”, añadió.
Afirmó que lo tienen en prisión por invertir en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, pero que la actual gestión invirtió y pagó más de 220 millones a esos mismos 11 contratistas por las mismas obras, ratificando la actual Procuradora Miriam Germán Brito de forma expresa que los contratos firmados durante su gestión eran correctos.
Rodríguez señala que el Ministerio Público de forma categórica había afirmado en la pasada audiencia que esos 11 contratistas no le pagaron sobornos a esta gestión, pero entonces a él si, por lo que contestó a esa afirmación diciendo: “ustedes investigaron a la gestión actual para afirmar que no hubo sobornos? Apoderaron a una jueza de la Suprema Corte para investigar? Hicieron interrogatorios? Analizaron sus finanzas? Dónde está el archivo concluyendo que no se pagaron sobornos por esos 220 millones que no estaban contemplados en los contratos iniciales? Porque firmó esta gestión contratos nuevos con constructores sobornantes?
Según el documento, la realidad es que esas 11 adendas representan la construcción de 8,000 de los 10,000 millones invertidos, todos esos contratos tienen sus garantías y es a los contratistas que le deben reclamar si es que hay vicios de construcción como dicen, sin privar a nadie de su libertad.
“El pueblo y yo esperamos que esta gestión no les haya regalado 220 millones a esos 11 contratistas, sino que antes de firmar hayan revisado las obras para continuar con la conclusión de las mismas; hayan revisado los tiempos para darles más tiempo; hayan revisado que no tenían vicios para firmar sin exigirles repararlos; hayan revisado las licitaciones para firmar por escrito que fueron exitosas y minuciosas; que hayan revisado los valores para no pagar sobreevaluaciones; que hayan revisado cada pago para no pagar 220 millones de más, porque de lo contrario, si pagaron 220 millones sin revisar nada, entonces le regalaron esos 220 millones a estos contratistas que la PEPCA llama sobornantes”, sostuvo el ex procurador.
Entiende que la PEPCA solicita cuatro meses más porque dice estar a la espera de que la Cámara de Cuentas le entregue el informe que hará constar que hubo anomalías en esas obras.
El ex procurador afirma que cumple nueve meses en prisión por esas mismas irregularidades y permanece privado de libertad por no tener un informe listo que constate que existen dichas irregularidades, razonamiento que demuestra que no es justicia sino una vendetta personal llevada a cabo por miembros de la PEPCA.
Durante su presentación, el ex procurador aseguró que la PEPCA ocultó y no puso en ejecución el inicio de la auditoría de las obras de construcción, resaltando con pruebas del propio Ministerio Público que la Cámara de Cuentas aprobó la auditoría y designó los peritos en fecha 2 de junio del 2021, pero que no fue hasta el día 28 de diciembre que se remite a la PEPCA los nombres de los designados para la función con miras a retrasar la investigación siete meses y ahora pedir cuatro meses adicionales y mantenerle privado de libertad.
Por igual, Rodríguez demostró con pruebas documentales aportadas por el propio Ministerio Público que en el mes de enero del 2021 mediante orden judicial 02-2021 recibieron una orden del tribunal para analizar 43 equipos infectados por un supuesto virus y la PEPCA violó dicha orden ocultándola por un año, y haciendo entrega de los equipos el 27 de enero del 2022 a los peritos. Es decir, ocultaron los equipos por un año violando una orden judicial para ahora pedir cuatro meses de prórroga para mantenerle en prisión de manera ilegal.
Sobre las nuevas líneas de investigación y en particular sobre el tema de los alimentos que se suplen a los recintos penitenciarios, el ex procurador presentó evidencias documentales pertenecientes al Ministerio Público de que dicha investigación data de hace más de un año y a la fecha no le ha dado mas resultado que presentar publicaciones maliciosas en un programa de comunicación bajo los alegatos de que “el suplidor, de un suplidor, del suplidor del vecino de alguien, practica el mismo deporte de un negocio del cual es propiedad un familiar indirecto de él.
“Lo que aquí realmente se quiere ocultar es que esta gestión contrató el mismo suministro de alimentos con esas mismas empresas, con nuevas licitaciones para los mismos 27,000 privados de libertad pero por casi 500 millones adicionales”. Enfatizó que no solo son las mismas empresas cuestionadas, sino otras registradas bajo otras áreas como el suministro de servicios de construcción o fabricación cosméticos, que han sido validadas y son actuales proveedores de alimentación a través de los Comedores Económicos, muchas de estas sin poseer la competencia requerida para hacerlo.
Ahora reposa sobre la jueza reparar el daño causado, siendo esta obligada a dar libertad si se otorga la prórroga como lo establece el Código Procesal Penal.
