En enero de 2022, una nueva ley entró en vigor en California que está destinada a ayudar a personas que sufren de inseguridad alimentaria y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En lugar de tirar los alimentos no vendidos o caducados, este proyecto de ley exige a todos los supermercados y proveedores de alimentos a donar todos sus residuos alimentarios comestibles a organizaciones de rescate de alimentos o bancos de comida.
Firmada originalmente en 2016, la ley aborda los efectos del desperdicio de alimentos en el cambio climático, ya que los residuos de alimentos orgánicos se encuentran entre los mayores productores de metano y dióxido de carbono. “Según ReFED, alrededor del 35% de todos los alimentos se desperdicia. Lo que intentamos hacer es evitarlo”, afirma Patty O’Connor, directora de la cadena de suministro de Feeding San Diego. “Es una relación en la que todos salimos ganando. No queremos que la comida se desperdicie en un vertedero. Nadie quiere tirar comida, así que por qué tiraríamos comida a a la basura cuando podemos tomar esa comida en buen estado y hacerla llegar a gente como nuestros vecinos”.
Con esta ley, San Diego espera reducir su eliminación de residuos orgánicos tóxicos en un 75% para 2025. Además, para garantizar que los alimentos no vendidos se distribuyan a los más necesitados, los proveedores de alimentos estarán obligados a tener un contrato con una organización de rescate de alimentos, como Feeding San Diego, que realiza más de 40 millones de comidas en San Diego cada año. Aunque esta ley solo se aplica a los proveedores de alimentos en este momento, se extenderá a los restaurantes, hoteles y escuelas en 2024.
