La mora judicial: otra violación grave a los derechos humanos

El sistema penitenciario a través de los años ha estado siempre en el ojo del huracán, por diversas razones, entre estas el hacinamiento, el contubernio de las autoridades con los reos,  la violación de los derechos humanos a los privados de libertad, de la poca organización de salud y también los negocios que son permitidos dentro del mismo sistema viejo.

En el programa Nuria Investigación Periodística  se presentaron estadísticas de las deficiencias que enfrenta el sistema viejo de penitenciaría.

Los hacinamientos son el eje entorno al que giran los demás problemas de insuficiencia, como los servicios de salud, el control de comportamientos ilícitos dentro de éstos centros y la agilización en el procesamiento de los privados de libertad para establecer si serán o no condenados. Es mucho lo que año tras año se ha hablado en los medios sobre el tema, sin embargo en esta ocasión hablaremos justamente de la principal causa del hacinamiento y las razones por las cuales el viejo sistema penitenciario no ha tenido ningún éxito para erradicar este problema.

La mora judicial es uno de los graves problemas que laceran el sistema penitenciario de la República Dominicana. La mora judicial, no es más que el retraso o el exceso de tiempo que se toma la justicia en el conocimiento de un proceso judicial, cuando se compara con el tiempo que ha sido determinado de manera legal, otra tecla que se ha tocado bastante en los medios de comunicación.

Incluso el año 2017 fue declarado de combate contra este dilema y se ordenó la ejecución inmediata del Plan Nacional Contra la Mora Judicial, adoptando una serie de medidas con el objetivo de lograr una mayor celeridad de los procesos que cursan en los tribunales del país, adicionando 16 jueces de la pena para reforzar los departamentos judiciales que ya existían y crear otros en función de las necesidades de cada región.

Pero 5 años después, se puede observar que todo se ha quedado en intenciones con poca acción, en donde hasta la fecha sólo se han agregado 5 jueces que suman 13 en total para todo el país. El mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, se ha referido en numerosas ocasiones al tema como un cáncer para la justicia.

Molina ha calificado la mora de cáncer en la judicatura Dominicana y una justicia que tiene mora es una justicia tardía, y una justicia tardía no es justicia.

Y como ejemplo este caso de Rafael Antonio Padilla Santana, un ex interno que se encontraba recluido en el centro penitenciario de la victoria por un hecho cometido en 2020 y por el cuál fue apresado el 23 de febrero de ese mismo año, que ya había cumplido su condena y las autoridades no atendían su solicitud de salida.

Según las palabras de este recluso amparadas en los documentos judiciales que sostiene en sus manos, el 28 de Octubre del 2021 tuvo su primera y única audiencia, ya que su caso fue reenviado varias veces alegando la falta de pruebas por la parte acusadora y fue sentenciado a 1 año de prisión y el pago de una multa de 1,000 pesos. En ese momento ya tenía más de un año y 7 meses  recluido en prisión, casi redoblando el tiempo de su condena.

“Cada día que ellos me decían que subiera a donde la jueza de la ejecución de la pena de la victoria, que eran martes y jueves. Siempre me decían que la libertad no hubiese llegado, que llegaba el martes, que llegaba el jueves, que no hubiese llegado, que tenía que esperar mi proceso”, dijo a Nuria Investigación Periodística Rafael Antonio Padilla, ex interno de la victoria.

Pero eso no es todo, luego de su sentencia tuvo que esperar 7 meses más interno en la cárcel de la victoria esperando una supuesta firma de la jueza de la ejecución de la pena a quién le correspondía esa penitenciaria. Una firma que nunca llegó y que le hizo tomar la decisión de hacer una denuncia pública que escaló rápidamente en todas las redes sociales.

Evidentemente luego de la denuncia se dispararon todas las alarmas que dió como resultado su puesta en libertad al día siguiente de la denuncia, el sábado 9 de Abril, fecha en la que ya contaba con 2 años y casi dos meses de prisión. Lo que no entendemos es como un trámite que no se pudo lograr en más de 2 años, fue realizado en un día que por demás era no laborable para la justicia y que en palabras del denunciante no fue el único beneficiario.

“Yo hice la denuncia el viernes y el sábado llegó mi libertad y junto conmigo soltaron muchísimos internos. Entonces, es como algo contradictorio que te digan a ti que el papeleo está hecho, pero que yo vine el viernes a buscarlo y no está hecho. Y el sábado me dicen a mí que sí, que el papel lo tenían que yo no lo fui a buscar, donde yo tengo prueba, junto con mi familia y con muchísimos interno que estaban allá de que el papel no estaba allá”, señaló Padilla.

Rafael Mojica, Abogado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que el problema está en la justicia, que no cumple ella misma con sus propios plazos y al postergar los plazos ocurren este tipo de cosas.

“Muchas veces el juez de la pena tiene que ser apoderado tanto de los abogados como de la misma víctima del caso, para entonces pueda cursar la orden de libertad de esa persona. Lo ideal fuera que de que una persona cumple con su condena el juez de la ejecución de la pena pudiera de manera inmediata poder asumir”.

Una de las razones por las cuales tanto el viejo como el nuevo sistema penitenciario no han tenido ningún éxito para erradicar el problema del hacinamiento y la poca agilización de los casos en las cárceles, es la falta de sistematización de los procesos, aparte de que prácticamente no existe una coordinación entre los principales actores de la justicia para poner en funcionamiento en su totalidad lo que indica la nueva ley 113-21, que en su artículo 146 dice que los centros de corrección y reinserción social elaborarán un expediente penitenciario y correccional, foliado con un registro físico y digital que contenga una historia organizada y pormenorizada del proceso de tratamiento de las personas privadas de libertad. Hoy todo debe buscarse de forma manual en expedientes guardados en archivos, con un gran volumen de papeles que se extravían y convierten los litigios en largas batallas judiciales.

Clip0001 Rafael Báez, Juez de la primera sala de la cámara penal de la corte de apelación, Suprema Corte.

06:38 El Poder Judicial tiene una mística en la que el eje central es la dignidad de la persona y sobre eso trabaja en una reingeniería de la jurisdicción de la ejecución de la pena en la República Dominicana. Esto significa que vamos a tener tribunales de ejecución de la pena automatizados con un tipo de data única.06:57

Según el Magistrado Rafael Báez, Juez de la primera sala de la cámara penal de la corte de apelación de la suprema corte de justicia, actualmente se está instalando un sistema de cómputo de pena que va a permitir liberar información días antes del cumplimiento de la condena, para que la persona salga en libertad de manera oportuna, sin necesidad de procurar documentos.

Lo cierto es que con la cantidad de promesas sin cumplir que hemos tenido del sistema penitenciario en más de 50 años, no sabemos si esto es otro sueño por realizar del sistema judicial o si verdaderamente se hará realidad. Mientras tanto, cuando le preguntamos al magistrado el tiempo en el que sería posible tener este sistema de digitalización vigente, esta fue su respuesta.

La mora también la producen muchas veces la mala distribución de los jueces en el país. Entonces la redistribución de la carga de trabajo entre los jueces es una necesidad, que es imperiosa y que requiere reforma legislativa para poder llevarlo a cabo.

Y como bien ha dicho el magistrado es más que necesaria una reforma legislativa del sistema judicial, ya que, la ley 821-27 creada en el año 1927 de organización judicial, solo ha tenido ligeras modificaciones en casi 100 años desde su creación y mantiene una normativa vigente de impartición de justicia a nivel nacional, la cual se organiza, en razón al territorio con sólo 11 Departamentos Judiciales y 35 Distritos Judiciales en todo el país. Dentro de los 3 departamentos con mayor cantidad de reclusos están:

1. El Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo, que comprende los Distritos Judiciales de Santo Domingo y Monte Plata, tiene dos jueces de ejecución de la pena y una población carcelaria de 8,566 internos.
2. El Departamento Judicial de La Vega, comprende los Distritos Judiciales de La Vega, Espaillat, Constanza, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, tiene un juez de ejecución de la pena y una población carcelaria de 4,097 internos.
3. Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. Comprende los Distritos Judiciales de San Pedro de Macorís, el Seibo, Hato Mayor, La Romana y La Altagracia, tiene un juez de ejecución de la pena y una población carcelaria de 3,713 internos.
4. Departamento Judicial de San Cristóbal. Comprende los Distritos Judiciales de San Cristóbal, Villa Altagracia, Peravia, Azua y San José de Ocoa, tiene 2 jueces de ejecución de la pena y una población carcelaria de 4,568 internos.
5. Los demás departamentos tienen entre dos mil a 500 reclusos donde solo hay un juez de la pena.

Pero la mayor parte de los casos de Mora judicial actuales se registran en el Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo, específicamente en contra de la jueza de la pena Mercedes Sena, que tiene a su cargo todos los casos que corresponden a la Penitenciaria de La Victoria y son procesados en el Palacio de Justicia de la Provincia Santo Domingo ubicado en la Avenida Charles de Gaulle, y que según los denunciantes hay cientos de casos de privados de libertad que tienen meses e incluso años de haber cumplido su condena y siguen presos porque esta jueza no hace su trabajo de manera oportuna. Imágenes.

Otro ejemplo es el de Guillermo Payano, el cual tiene 5 años preso con una condena de 3 años. En la que cumplió 7 meses de prisión y 2 años y 5 meses en libertad condicional y todavía está a la espera de la orden de extinción de su caso.

Sin embargo, el mayor nudo está en los presos preventivos, que tenemos un total de 16,368 internos, que es el 60% de la población penitenciaria del país, lo que obligó que el pasado lunes 11 de Abril, la embajada de los estados unidos publicara un reporte de la comisión internacional de derechos humanos donde denuncian que muchos sospechosos sufrieron largas prisiones preventivas, ya que, el tiempo promedio de una prisión preventiva era de tres meses, pero hubo informes de casos de prisión preventiva que duraron hasta tres años, incluyendo los casos de tres extranjeros que estaban bajo prisión preventiva desde el 2015.

También denunciaron que la falta de autoridades carcelarias para trasladar a los detenidos a los tribunales provocó algunas posposiciones de los casos. Muchos prisioneros vieron posponer sus fechas ante los tribunales debido a la falta de transporte de la cárcel al tribunal, o porque su abogado, otros acusados, intérpretes o testigos no se presentaron.

Pese a la protección adicional disponible para los acusados, según lo establece el Código Penal, en algunos casos las autoridades detuvieron a los prisioneros por encima del tiempo legalmente establecido, aun cuando no se habían presentado cargos oficiales contra ellos.