El vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Yván Lorenzo, sometió una resolución ante la Cámara Alta en la que solicita a Aministía Internacional, a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch, su rápida intervención ante los casos de abuso policial que han sido reportados en la República Dominicana en el último mes.
El legislador se basó en que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en su informe anual sobre derechos humanos denuncia asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad, destacando la tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno, así como la detención ilegal de civiles.
Lorenzo citó algunos de los casos de homicidios supuestamente provocados por policías como: el asesinato de la arquitecta Leslie Rosado por parte de un raso de la Policía, el joven de 27 años Robinson Ramón Méndez Mancebo asesinado por un coronel de la Policía, el joven Delfín Sabina, de 26 años fue ejecutado por una barrera policial, los predicadores evangélicos Eliza Muñoz y Joel Díaz murieron acribillados por la Policía, el abogado Raymeni Alexis Castillo murió a causa de un disparo propinado por un agente de la uniformada, con 18 años, Nicole Ureña Manzueta recibió un disparo en la espalda de un cabo, el abogado Argenis Martínez Grullón se convirtió en otro muerto en custodia, la Policía lo asesinó luego de haber sido apresado.
“En los últimos meses han ocurrido asesinatos de civiles a manos de policías y/o en custodia del cuerpo policial, sin las sanciones ni las investigaciones correspondientes que aclaren estos hechos de violencia policial”, dice el representante de Elías Piña en la solicitud de resolución.
La muerte de tres hombres bajo custodia policial en República Dominicana desató la indignación contra el cuerpo del orden, frecuentemente cuestionado por sus excesos, e incluso motivó la convocatoria de una inédita protesta al frente de un centro comercial.
El último caso, el que ha causado reacciones políticas y una mayor consternación, es el de David de los Santos, de 24 años, quien falleció el domingo pasado en un hospital por causas no aclaradas, cuatro días después de haber sido arrestado por un altercado con una mujer en una plaza comercial de Santo Domingo.
La Policía Nacional afirmó que el joven se autolesionó en el destacamento en el que estaba detenido, pero el certificado de defunción entregado por el Ministerio de Salud Pública a los familiares del joven, dado a conocer por algunos medios, establece de manera preliminar que se trató de un homicidio a causa de un trauma craneoencefálico.
La procuradora general, Miriam Germán Brito, instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para que coordine una investigación de los casos de ciudadanos que han perdido la vida después de estar retenidos en cuarteles policiales.
Durante una reunión de trabajo con la titular de la Dirección General de Persecución, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, la magistrada Germán Brito afirmó que entiende “perfectamente la indignación de la sociedad” con estos casos, “en los cuales se avizora un cierto patrón de conducta que no podemos permitir”.
El Ministerio Público anunció que el deceso del joven se investiga como un homicidio, mientras que la Policía Nacional dispuso la suspensión de los agentes del destacamento donde estuvo el detenido mientras siguen las pesquisas sobre el caso.
Para hoy, relacionados con De los Santos, quien hace poco se había graduado de educación física, han convocado una protesta en las afueras del centro comercial en el que se produjo su arresto.
Anteriormente murieron también bajo custodia policial José Gregorio Custodio, de 37 años, el 17 de abril, y Richard Báez, de 30 años, el 5 día de ese mismo mes, según denuncias de sus familiares.
Después de que el presidente del país, Luis Abinader, condenó este lunes la muerte de De los Santos, el titular del Senado, Eduardo Estrella, pidió hoy sacar “las manzanas podridas” de la Policía “y condenar a quien haya que condenar”.
Los casos denunciados “deben ser investigados hasta las últimas consecuencias (…) no puede haber paños tibios”, agregó Estrella a la prensa.
En tanto, Participación Ciudadana demandó “acciones concretas” entorno a la reforma policial que Abinader puso en marcha en 2021.
La reforma policial fue anunciada después de que en marzo de ese año un matrimonio de religiosos murió tiroteado en un retén de la Policía.
En su informe anual sobre derechos humanos publicado el mes pasado, Estados Unidos volvió a denunciar asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas policiales dominicanos.
Asimismo, golpes, malos tratos y tortura a detenidos, pese a que esa práctica está prohibida en el país.
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