Por Marcos Contreras.-
Son muchos los casos en los que exfuncionarios son llevados al banquillo de los acusados para responder por supuestos actos de corrupción, pero son pocos los casos en el que el Ministerio Público ha logrado una sentencia ejemplarizante y que obligue a los imputados a pagar por los delitos que se les acusa.
El caso más reciente se produjo con la sentencia emitida a favor del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y al empresario Daniel Aquino Hernández, así como a las firmas 4D Business Group y Magycor, acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Súper Tucano por un monto de casi 94 millones de dólares.
La compañía Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenado en el 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
El pasado 27 de mayo la Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto la condena de ocho años que había dictado la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo en contra del exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, sentenciado en 2018 por malversación de 400 millones de pesos del presupuesto de la Alcaldía de su localidad.
Le sigue el caso Odebretch, en el que fueron inicialmente sometidos en el 2017 al actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; al exsenador Tommy Galán; al empresario Ángel Rondón; al ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez; al exdiputado, Andrés Bautista; Radhamés Segura, exadministrador de la CDEEE; Máximo D” Oleo Ramírez, exfuncionario de la CDEEE; Ruddy Gonzales, exdiputado; Roberto Rodríguez, exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), el exministro de Industria y Comercio, Temistocles Montás; el ingeniero Bernardo Castellano Moya; el abogado Conrado Pittaluga y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
Del grupo solo fueron condenados el empresario Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, a ocho y cinco años de prisión respectivamente, el resto quedó en libertad.
En el 2017 el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Alberto Holguín, y a la ingeniera Sobeida Perdomo, acusados de malversar fondos de esa institución por más de mil millones de pesos.
En el año 2015 los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que conocieron el recurso de apelación al archivo definitivo del caso por corrupción que se le seguía al senador Félix Bautista, rechazaron la petición de la Procuraduría General de la República de que fuera enviado a juicio de fondo el proceso en contra del legislador y otros coimputados por supuesta corrupción.
En el año 2007 la Fiscalía del Distrito Nacional descargó de toda responsabilidad penal a Simón Lizardo, Diandino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas, exfuncionarios en la gestión del expresidente Leonel Fernández (1996-2000) y el empresario Noe Camacho Ovalle, acusados de estafar al Estado con mil 427 millones de pesos a través del Programa de Empleos Mínimos Eventuales (PEME), considerado como uno de los mayores casos de presunta corrupción contra el Estado.
Condena ligera en caso pesado.
En octubre del 2007 fueron condenados el ex banquero y expresidente del Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, a 10 años de prisión y al pago de una indemnización de RD$61 mil 500 millones de pesos por los daños provocados por la prácticas fraudulentas de las que se le acusaba. También fueron condenados el vicepresidente ejecutivo de la entidad Marco Báez Cocco y el economista Luís Álvarez Renta, quienes recibieron la misma pena.
En el caso fue condenada a cinco años de prisión Vivian Lubrano de Castillo, ex vicepresidenta de negocios de Baninter, siendo indultada meses más tarde por el entonces presidente de la República, Leonel, sin llegar a ingresar en prisión debido a problemas de salud que la mantuvieron recluida en un centro médico.
Uno que hizo historia al escaparse.
En 1997 fue sometido a la justicia el ciudadano haitiano Frederick Marzouka, acusado de estafar al Estado dominicano y a los apostadores de billetes y quinielas con unos 90 millones de pesos en varios sorteos de la Lotería Nacional.
Fue apresado junto a varios empleados de la institución, pero meses después logró escapar del país tras recibir un permiso por problemas estomacales.
