En poco más de una semana la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) ha sufrido dos reveses en la justicia y en la lucha contra el robo del erario público en la República Dominicana.
Se trata de los casos Super Tucano y la venta ilegal del barrio Los Tres Brazos, casos que en solo poco más de una semana sus acusados han sido favorecidos con sentencias absolutorias y no ha lugar para apertura de juicio de fondo.
Ambos casos fueron iniciados bajo las gestiones de Jean Alain Rodríguez al frente de la Procuraduría General de la República (2016-2020).
El pasado 30 de mayo, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este lunes sentencia absolutoria a favor de los implicados en el caso de los aviones Super Tucano, al declararlos no culpables de los delitos de corrupción administrativa por el que eran acusados. La sentencia íntegra del caso Super Tucano será dada a conocer el 12 de julio
El exministro de Defensa Rafael Peña Antonio, Daniel Aquino Hernández y Ramón Piccini Núñez fueron acusados por el Ministerio Público de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
La jueza Arlin Ventura descargó de toda responsabilidad penal a implicados en caso Tucano, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas considerables que justifiquen una condena en contra de los imputados. El Tribunal ordenó el cese de toda medida de coerción en contra de todos los implicados que se encuentran en libertad.
El Ministerio Público se mostró en desacuerdo con la decisión y dijo que van a recurrir a apelar, por no estar de acuerdo con el fallo del tribunal.
Mientras que este lunes, los imputados en la venta ilegal del sector Los Tres Brazos fueron favorecidos este lunes con un “No ha lugar” por parte del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al rechazar el envío a juicio de fondo de los acusados como lo pedía el Ministerio Público.
El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró tomó la decisión al considerar que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no presentó las pruebas suficientes que ameritaban que los acusados, entre ellos el exdirector del Corde Leoncio Almánzar, que ameritaran la apertura de un juicio de fondo.
Los fiscales del Pepca informaron, una vez conocida la decisión, que recurrirán a la sentencia, la cual calificaron de “decepcionante”.
Caso Los Tres Brazos
Según el Ministerio Público, los imputados del Caso Los Tres Brazos desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos.
La afirmación la hizo el fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser abordado por la prensa luego de que el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazara la lectura del fallo de la audiencia preliminar para el próximo lunes.
Además de Marmolejos, representaron al Ministerio Público los fiscales litigantes Isis de la Cruz, Ernis Mella, Rosa Pichardo, Wagner Cubilete y Aurelio Valdez.
Tras concluir en noviembre pasado con la presentación de la acusación del Caso Los Tres Brazos, al que están vinculadas 17 personas, incluyendo a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), el Ministerio Público pidió que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los procesados.
Además de Leoncio Almánzar, por este caso son procesados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
Por igual, cuentan entre los procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público además acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
El órgano de la persecución penal retomó el pasado 10 de septiembre la lectura de la acusación contra los involucrados en la trama que enajenaba propiedades del Estado dominicano y conminaba a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
Los representantes de la Pepca han destacado durante el proceso judicial que el entonces funcionario público Leoncio Almánzar vendió ilegalmente, a cambio de un solar rural, un millón de metros cuadrados en los que se encuentra localizado el sector Los Tres Brazos.
Los fiscales que representan al Ministerio Público acusan al grupo de desfalcar y estafar al Estado dominicano.
La acusación indica que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
Caso Super Tucanos
Al presentar sus conclusiones formales el pasado 3 de mayo, el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Daniel Aquino Hernández, Ramón Piccini Núñez y Peña Antonio por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
La Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
El órgano persecutor inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017. Ahora continúa en la etapa de juicio de fondo.
La empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.
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