Por: Arisleidy santos- La agresión física y verbal en los niños se ha convertido en tendencia, como una manera de amenaza o de molestia de parte de las madres de los infantes a los padres de la criatura.
Algunas de las agresiones proceden desde golpizas, patadas, ofensas, hasta ahorcar a los pequeños, los cuales se manifiestan a través de videos que son colgados en las redes sociales y se viralizan llamando la atención de las autoridades, que la mayoría de veces acceden a socorrer a los indefensos.
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), es el órgano rector que vela por los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana y que se responsabilizan de los diferentes hechos que ocurren en perjuicio de los niños.
Casos registrados.
Uno de los casos más reciente que ocurrió en el país fue el video que grabó una madre (Annery Domínguez Soto), maltratando fuertemente a su bebé de 2 años, amenazando presuntamente al padre de la niña de que la pondría a sufrir, en Gaspar Hernández.
Conaní comunicó que la niña ya está en manos de un familiar, y que le estarán brindando asistencia psicológica, tanto a ella como a sus familiares más cercanos para ayudarles a superar los efectos negativos causados por esta lamentable situación.
El 13 de junio del 2022 una madre publicó el video donde le razuraba una de las cejas de su hijo, quien se había hecho una raya decorativa en la misma, a lo que Conani condenó la forma de corrección e invitó a los padres a tomar talleres sobre corrección positiva.
Asimismo, el 20 de abril del año en curso, Marlenys Altagracia Veloz Mota, de 28 años, publicó el video en el que captaba el momento en el que su hija se asfixiaba, tras ella ahorcarla con una sabana y envíar el espelugnante audiovisual al padre y sus familiares, en un hecho ocurrido en La Vega.
El Ministerio Público de La Vega solicitó prisión preventiva de un año en contra de la mujer, a quien se le imputó incurrir en actos de tortura y barbarie, además de cargos de intentar ahorcar a la menor con una sábana.
En el sector Las Flores, municipio Villa Vázquez, un hombre golpeó a su hijo de solo 11 años, por la espalda, usando un cable de frenos de una bicicleta.
El agresor es Claudio Ángel González Núñez, (Claudio Sport), de 39 años, quien produjo heridas contusas en la espalda a su vástago, quien fue llevado al hospital municipal.
Mientras que en Santiago apresaron a una pareja por el hecho de que la mujer presuntamente habría permitido que su compañero sentimental violara sexualmente a su hija de 5 años, grabara la violación y colgar el vídeo en la red social Facebook.
Estadisticas de abuso infantil en RD.
De acuerdo a un reporte del UNICEF El 3% de los niños y adolescentes de 1 a 14 años son víctimas de disciplina violenta en sus hogares
En República Dominicana, el 63% de los niños menores de 14 años ha sido víctima de violencia física o psicológica. El 47.2% de adolescentes de 15 a 17 años ha experimentado violencia por parte de su pareja. El 65% ha sufrido alguna forma violencia sexual, señala ENEMESIM; además, se reportan 5,417 denuncias por violencia o delito sexual, de los cuales 29% son menores de edad, destaca la Procuraduría General de República.
Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
En su artículo 396 dice que la sanción por abuso físico, psicológico y sexual, será de dos a cinco años de prisión y multa de tres a diez salarios mínimo establecido oficialmente, vigente al momento de cometer la infracción, si el autor o autora del hecho mantiene una relación de autoridad, guarda o vigilancia (maestro, guardianes, funcionarios, policías etc.) sobre el niño, niña o adolescente y se producen lesiones severas, comprobadas por especialistas en el área.
El artículo 397 sanciona el abuso por sus responsables. Si el abuso es cometido por el padre, la madre u otros familiares, tutores o guardianes, responsables de el niño, niña o adolescente, en contra de sus hijos, hijas o puestos bajo su guarda o autoridad, serán sancionados con privación de libertad de dos a cinco años y multa de uno a cinco salarios mínimo establecido oficialmente. En todo caso, la pena debe ir acompañada de tratamiento psicoterapéutico.