Quién es Enrique Rais, el empresario cercano a Bukele vinculado en redes de corrupción

Infobae.- Enrique Rais, un empresario que manejó durante años el negocio de los desechos sólidos en El Salvador, ha sido un hombre poderoso en Centroamérica.

Sus contactos políticos le valieron para sentarse a la mesa con presidentes de la región, para meterse en el bolsillo a fiscales de su país e, incluso, para que el aparato diplomático de Nayib Bukele le echara la mano mientras huía de la justicia salvadoreña.

Rais también colocó a uno de sus peones en el gabinete de Bukele. Hoy, el nombre del empresario, prófugo de la justicia de su país desde 2017, aparece asociado a un magnate de Kosovo implicado en un escándalo de corrupción.

El 21 de junio de 2022, el Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP en inglés) publicó un largo informe sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de la construcción de un aeropuerto en Albania a una compañía liderada por Behgjet Pacolli, un empresario y político kosovar relacionado al primer ministro de Albania y, según el reporte, con “supuestas conexiones con figuras del crimen organizado”, entre las que OCCRP lista al salvadoreño Enrique Rais.

La telaraña de empresas relacionadas a Pacolli y Rais, desde Europa hasta El Salvador, incluye a compañías que realizaron transacciones investigadas como posible lavado de millones dólares provenientes del petróleo estatal venezolano del que, según una investigación de autoridades estadounidenses y otra de la fiscalía salvadoreña, también se benefició el presidente Nayib Bukele.

En El Salvador, mucho antes del escándalo en torno al aeropuerto albanés, Pacolli y Rais se asociaron para explorar la expansión del negocio del petróleo venezolano en Europa e incluso en África, según correos electrónicos en poder de Infobae.

“Favor tomar especial cuidado a estos correos de la refinería de petróleo en Kosovo… Estoy negociando con ellos producto para Alba Petróleos. Es muy importante. Gracias. Enrique.”, escribió Rais a varios de sus empleados el 15 de julio de 2010.

Alba Petróleos es un consorcio salvadoreño creado con dinero de la estatal petrolera venezolana PDVSA durante la presidencia de Hugo Chávez. En 2019, la Fiscalía salvadoreña abrió una investigación a Alba Petróleos por sospechas de que lavó cerca de unos mil millones de dólares a través de negocios como el descrito por Rais y de préstamos de los que se benefició, entre otros, Nayib Bukele cuando empezaba a allanar su camino en la política salvadoreña.

El correo electrónico de julio de 2010 es parte de un intercambio de comunicaciones electrónicas entre varias compañías como el asocio suizo-estadounidense Refinery Association of Texas y Mabetex, una empresa asentada en Albania de la que Pacolli es dueño y que ahora está al centro del escándalo por la construcción del aeropuerto en la costa albana del Mar Adriático.

Desde que fue nombrado fiscal general por los diputados de Bukele, en mayo del año pasado, Delgado mandó al trasto de la basura expedientes en los que se mencionan los nombres de Rais y del presidente salvadoreño en relación con Alba Petróleos, investigada por lavado de dinero. Delgado, de hecho, fue empleado de Alba Petróleos en 2021, como ha informado Infobae.

Las influencias de Enrique Rais en la Fiscalía General han sido profundas. Además de tocar al actual jefe fiscal, la influencia del empresario alcanzó su pico durante la gestión de Luis Martínez, quien a la postre terminó en prisión por las mismas acusaciones y por el mismo proceso penal que Rais ha evadido al huir de El Salvador.

Las investigaciones de la relación entre el exfiscal general Martínez y Rais revelaron que el empresario manejaba la FGR como una especie de bufete particular a través del cual extorsionaba y castigaba a sus adversarios.

En el expediente Corruptela hay, además, transcripciones de llamadas telefónicas y mensajes de textos que muestran que Nayib Bukele, entonces alcalde de San Salvador, mantuvo comunicaciones irregulares con el fiscal general Martínez en el marco de una investigación abierta por suplantación de marcas de uno de los periódicos más importantes de El Salvador.

Según esa investigación, un grupo de hackers y personas asociados a Bukele, entre ellas la actual secretaria de comunicaciones de la presidencia, actuaron con instrucciones del político para crear una réplica falsa del periódico, que ha tenido posiciones críticas sobre el bukelismo.

Otro de los mencionados en estas investigaciones es un operador político y de propaganda de nombre Porfirio Chica, quien en 2015 trabajó como asesor del exfiscal Martínez y hoy maneja una red propagandística que está al servicio de Bukele.

La influencia de Enrique Rais también alcanzó a la gestión de Raúl Melara, el fiscal general que antecedió a Rodolfo Delgado.

A Melara los diputados bukelistas lo destituyeron el primero de mayo de 2021; su relación con Bukele no siempre fue cordial, sobre todo después de que abrió, con la colaboración de la embajada de Estados Unidos en San Salvador, expedientes a varios funcionarios del gobierno por supuesta corrupción durante la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, Melara también detuvo las investigaciones relacionadas a Alba Petróleos en las que el presidente aparece mencionado.

Un abogado de nombre Allan Hernández era el fiscal adjunto de Raúl Melara y uno de sus principales operadores en materia penal. Melara lo nombró como su segundo a pesar de que en la fiscalía general había un expediente abierto para investigar las supuestas relaciones irregulares entre Hernández y Enrique Rais.

El 12 de septiembre de 2018, Douglas Meléndez, entonces fiscal general y antecesor de Melara, ordenó que se abriera una investigación contra Allan Hernández por “una supuesta acción ilícita, en relación con que en el año 2014 recibió dinero de parte del sujeto Enrique Rais”. Fue un testigo del Caso Corruptela el que aseguró que Hernández, quien también viajó en los aviones de Rais, recibió dinero en efectivo del empresario en al menos una ocasión.

Melara sustituyó a Meléndez en noviembre de 2018. En febrero de 2019 nombró a Allan Hernández como su segundo. La sombra de Enrique Rais seguía presente en la fiscalía general salvadoreña.

La influencia en el gobierno y entorno de Bukele

Además del contrato entre la alcaldía de San Salvador y una de las empresas de Rais en 2017, y del vínculo compartido con Alba Petróleos de El Salvador, hay dos nombres que unen al actual presidente salvadoreño con el empresario prófugo en Suiza, los de un ministro y un asesor comercial.

Rolando Castro, el ministro de Trabajo de Bukele y antiguo sindicalista, fue empleado de Rais y uno de los principales operadores ante las alcaldías salvadoreñas que mantienen o tuvieron contratos con las empresas del magnate para el manejo de los desechos sólidos.

Según varias publicaciones de prensa y fuentes municipales consultadas por Infobae, Castro encabezó protestas contra alcaldías que se negaron a contratar los servicios de las empresas de Rais. Como ministro de trabajo, Castro ha emprendido inspecciones selectivas a medios de comunicación que han sido críticos con la gestión de Bukele.

En julio de 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Rolando Castro y a Enrique Rais en una lista de actores corruptos y antidemocrático de Centroamérica, conocida como lista Engel en referencia a Elliott Engel, el excongresista demócrata de Nueva York que le dio vida legal.

A Castro lo incluyeron en la lista por “obstruir investigaciones de corrupción, socavar el proceso democrático o sus instituciones y por dañar a adversarios políticos”. En El Salvador, el nombre de Castro aparece en un expediente judicial que lo relaciona en diálogos con las pandillas en el centro de San Salvador. El ministro de Bukele ha respondido que las acusaciones son falsas y ha amenazado con demandar al gobierno de los Estados Unidos, algo que, un año después, no ha hecho.

Rais está en la lista Engel del Departamento de Estado por “involucrarse en corrupción significativa, socavar los procesos democráticos y sus instituciones y por sobornar a funcionarios públicos”.

El otro nombre que vincula a Rais con el presidente Bukele es el de Erick Vega, un asesor comercial del gobierno salvadoreño que fue, además, secretario particular de José Luis Merino, el exfuncionario del FMLN vinculado a Alba Petróleos y financista de Bukele, y familiar político de Rais.

Vega, dice un estudio elaborado en Estados Unidos, es el nexo entre dos grupos de crimen organizado, el de Rais y el de Merino, y el presidente de El Salvador. “Erick Vega es de particular importancia por sus nexos profundos con la estructura Merino y su relación personal cercana con Bukele (es el padrino de uno de los hijos de Vega) y miembros de la familia extendida de Bukele”, asegura Douglas Farah, director de IBI Consultant y autor del informe “Cómo hacer desaparecer mil millones de dólares”, en el que se detallan las relaciones de Bukele con el petróleo venezolano.

“Vega también está relacionado con la familia del fugitivo Enrique Rais y tiene acceso a la extensa red internacional de Rais. Antes de convertirse en el asesor de inversiones de Bukele, el único trabajo de Vega en la década pasada había sido servirle a Merino de secretario privado y oficial de empresas de Alba Petróleos”, revela el informe de IBI.

Rais había ido bajando el perfil poco a poco desde que se fue a Suiza, pero su influencia permaneció en El Salvador, en forma de un ministro, de un asesor comercial, de un fiscal que viajó en su avión, de un presidente con el que hizo negocios. Hoy, su sociedad con el kosovar Pacolli volvió a ponerlo todo en la mesa.

Esa influencia ya le valió a Rais para que, a mediados de 2021, la diplomacia salvadoreña le echara la mano en una movida legal con Naciones Unidas.

En 2020, abogados de Rais alegaron ante el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU (el GT) que la detención del empresario en El Salvador en 2016 había sido ilegal.

El GT mandó a oír al gobierno salvadoreño, para resolver, pero la cancillería de Bukele traspapeló una respuesta con las pruebas de que la detención había sido legal y que estaba basada en más de un centenar de pruebas en contra de Rais. Sin respuesta del Estado, el GT dio por válido el alegato de Rais.

Al final, sin embargo, el informe retenido por los funcionarios de Bukele se hizo público y volvió a quedar claro que Rais sigue siendo, solo, un prófugo de la justicia. Un prófugo, eso sí, con influencias.