El empresario Ulises Francisco Ramírez aseguró que la exencargada de Proyectos de la Procuraduría General de la República, Jenny Marte, era una persona que ejercía una autoridad abusiva con los suplidores cuando Jean Alain Rodríguez era jefe del Ministerio Público.
Ramírez, propietario de la empresa Smart Display, señaló que Marte, quien cumple arresto domiciliario por el caso Medusa, lo presionó de manera agresiva para instalar unas 6,500 camas en los recintos carcelarios que iban a ser inaugurados por el expresidente de la República Danilo Medina.
“Esa señora Jenny Marte era una persona que presionaba mucho, tenía una autoridad abusiva con los suplidores, ella me dijo a mí que yo tenía que instalar camas hasta con pisos con agua, querían que a todo vapor depositara las camas porque querían inaugurar, era una locura”, indicó el empresario al ser entrevistado en Somos Pueblo.
El expediente del Caso Medusa señala que los encartados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Desde el año pasado, el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, cumplen prisión preventiva por 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
