Miriam G afirma MP prioriza perseguir delitos más graves dada las limitaciones de recursos

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, informó que su gestión se ha hecho importantes esfuerzos para investigar y perseguir los grandes y no tan grandes casos de corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio público, pero debido a las limitaciones de recursos se centra más en los casos más graves.,

No obstante, dejó claro que tanto en los grandes como en los pequeños casos de persecución criminal, siempre se realizan bajo estricto apego del debido proceso.

“Dado que entonces se cuenta con medios limitados y que resulta imposible para cualquier sistema penal perseguir todos y cada uno de los crímenes, debemos enfocarnos en perseguir las conductas ilícitas más graves, es decir, aquellas que verdaderamente socavan los valores comunes y afectan bienes jurídicos preponderantes, como son el crimen organizado, los delitos financieros y la corrupción administrativa”, sostuvo.

La máxima representante del Ministerio Público externó estas consideraciones a participar en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amcham-DR), celebrado en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, de Santiago.

La magistrada Germán Brito destacó que tradicionalmente, en el país no se han hecho esfuerzos notorios para combatir este delito, por lo que se justifica el clamor social de “cero impunidad” cuando el erario ha sido comprometido en detrimento del desarrollo humano, al tiempo que dijo  “quiero enfatizar que esta lucha sí es prioridad de esta gestión”. “He repetido en varias ocasiones que habrá consecuencias, más no en violación del debido proceso y las garantías constitucionales de las personas investigadas”, precisó.

Durante su exposición, dijo que cometer actos de corrupción no suele asentarse en un único territorio, pudiendo generar una transnacionalidad que impone el deber a los diferentes Estados de actuar en forma coordinada e inteligente. “Adquieren relevancia la cooperación y asistencia internacionales”, especificó.

Refirió que hace falta, además, sacar un mayor provecho a los mecanismos de negociación que se han otorgado desde que se implementó el sistema penal acusatorio, a fin de recabar información para identificar los activos ilícitos susceptibles de ser confiscados (modificando el enfoque, haciendo uso adecuado para prevenir el comportamiento). “Aquí entran las figuras del comiso y extinción de dominio, vitales a la hora de capturar el dinero malversado, sobre la base de una propiedad que carece, en principio, de protección constitucional”, declaró.

“Aprovecho la ocasión para destacar que, como procuradora general, he procurado intervenir lo menos posible en la operatividad de los casos, los grandes y los pequeños, sin importar a quienes involucren. Bajo mi gestión, el margen de actuación de los fiscales es libre y amplio, siempre asumiendo las consecuencias que sus acciones puedan tener”, manifestó la magistrada Germán Brito.

“En todo caso, ha sido más prioritario generar un clima de apego a las normas éticas y disciplinarias que gobiernan la función, apostando por un rol de fiscalización moderado a través de instrucciones generales y requerimientos de informes de actuación”, agregó.

Expresó que es menester establecer las sanciones adecuadas en las normas especiales, y, más importante aún, mostrar un alto grado de probabilidad de condena de las conductas corruptas. “Partimos de la concepción de que una respuesta eficiente del aparato de justicia penal puede contribuir a una mayor conformidad a las normas”, dijo.

En su ponencia ante la Cámara Americana de Comercio, la procuradora general sostuvo que “una sociedad en la que existen controles óptimos para que la corrupción, la pública y la privada, reciba las consecuencias esperadas es una donde puede decirse que hay seguridad jurídica, concepto que exige que la ley sea estable en el tiempo y que los actores económicos puedan hacer predicciones seguras sobre su accionar”.

“Aspiramos, pues, a contribuir significativamente con las condiciones institucionales que permitan garantizar la seguridad jurídica que la sociedad dominicana espera, sin sucumbir a los cantos de sirena del populismo penal que nos pueden llevar a transitar caminos de abusos y maltratos”, concluyó.