El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este martes que habrá un impuesto al beneficio extraordinario de las eléctricas y otro a los grandes bancos con los que se espera recaudar 3.500 millones de euros.
En su intervención en el debate del estado de la nación, el primero que se celebra desde 2015, Sánchez aseguró que “irá a por todas” y que se dejará “la piel para defender a la clase media trabajadora”.
“El gran reto que hoy tiene España se llama inflación, una inflación tan elevada como la que sufrimos es una enfermedad grave de nuestra economía. Lo es porque empobrece a todos y porque afecta a los sectores más vulnerables (…) los ahorros se disparan, pierden valor y cuesta cada vez más llegar a fin de mes”, destacó.
En junio, el Índice de Precios de Consumo (IPC) disparó su tasa interanual hasta el 10,2 %, su nivel más alto desde abril de 1985, empujado, principalmente, por las subidas de los precios de los carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas
El mandatario centró parte de su discurso en explicar cómo España se ha visto afectada por el conflicto en Ucrania. “Vamos a asegurarnos de que las consecuencias de la guerra se repartan de forma justa y equitativa para que no recaigan en los más vulnerables (…) no vamos a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayores riquezas a expensas de la mayoría”, aseveró.
“Y por eso –continuó– vamos a poner en marcha un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones al año durante dos años”.
“Un impuesto excepcional y temporal que estará en vigor en el año 2023 y 2024 y afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero”, dijo.
El presidente añadió que el Gobierno aplicará otro “impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de los tipos de interés”. Este impuesto tendrá también una duración de dos años y se estima que podrá recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año.
Reducir el consumo
“No podemos descartar nada, incluso que Putin decida cortar el gas a Europa como otra arma de guerra. Y Europa, en consecuencia, puede sufrir restricciones de energía. Esto, evidentemente, va a tener un impacto sobre la economía europea y española”, alertó.
La buena noticia, aseguró, es que España “es menos dependiente del gas ruso” que otros países, “gracias a nuestra apuesta decidida por la independencia energética”. “Pero eso no significa que no nos vaya a afectar esa situación”, apostilló.
Por RT.
