Al menos 22 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en lo que va de año en Colombia, donde los crecientes niveles de violencias perpetrados por grupos armados no estatales y organizaciones criminales están teniendo un impacto “devastador”, según se denunció hoy en un informe de Naciones Unidas.
La cifra real de asesinatos de activistas podría ser incluso mayor, ya que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, responsable del informe, ha recibido hasta 114 denuncias en este sentido que en muchos casos aún están en proceso de verificación, frente a las 100 que confirmó en 2021.
Mujeres y niños, pueblos indígenas, afrodescendientes y líderes comunitarios son otras víctimas de la actual violencia, indica la oficina que preside la alta comisionada Michelle Bachelet, que con el documento hace un llamamiento a que el nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro de prioridad a la lucha contra estos grupos armados.
“Instamos al Gobierno a que adopte políticas públicas para responder eficazmente a la violencia y prevenirla, en cumplimiento de las obligaciones de Colombia” , señaló Bachelet en un comunicado a propósito de la publicación del informe.
Éste indica que tras el drástico descenso decenso de los niveles de violencia que siguió a los acuerdos de paz de 2016 (de 12,000 asesinatos en 2012 se bajó a 1,200 en ese año) éstos han vuelto a subir en los últimos dos años, con la proliferación de bandas ilegales involucradas en el narcotráfico y la minería ilegal.
La respuesta del Estado, principalmente militar, no ha frenado la expansión de estos grupos armados, y la escasa presencia de instituciones civiles ha agravado una situación en la que la falta de educación y oportunidades ha hecho que muchos jovenes y niños caigan en estas redes ilegales, indica el documento.
Éste denuncia también cómo grupos indígenas y afrodescendientes han sido obligadas a participar en estas actividades ilícitas, mientras su libre circulación es restringida por controles de seguridad de hombres armados y se les fuerza a abandonar actividades ilícitas como la pesca o la caza.
El informe de la ONU cita el caso concreto del pueblo indígena de los nasa, en el departamento del Cauca, que “desde hace tiempo es objeto de amenazas y ataques” y en el que cuatro líderes locales han sido asesinados en los primeros meses del 2022 mientras el narcotráfico y las industrias extractivas ponen en peligro sus modos de vida.
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Otro pueblo indígena, los jiw, en la ribera del río Guaviare y formado por unos 2,200 individuos, podría desaparecer a consecuencias de esta violencia, añade el informe.
