Singapur ejecutó este martes a un hombre de 49 años por traficar con marihuana tras pasar siete años en prisión, en la que se supone la sexta ejecución que tiene lugar en la pequeña ciudad Estado asiática en los últimos cuatro meses.
La noticia fue confirmada por la activista Kokila Annamalai, quien publicó en su cuenta de Twitter que “hemos confirmado que un hombre singapurense de etnia malaya de 49 años ha sido ejecutado hoy, 26 de julio, en la prisión de Changi, tras ser condenado por traficar con marihuana”.
Mientras países vecinos como Tailandia relajan el cultivo y consumo del cannabis de bajo efecto psicotrópico, Singapur mantiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta, contemplando la pena de muerte por ahorcamiento, con seis ejecutados por narcotráfico desde el pasado marzo.
Hace solo cuatro días Singapur ejecutó a otro hombre, el singapurense Nazeri Lajim, de 64 años, con un largo historial de consumo y otros delitos de drogas y que había sido sentenciado en el 2017 por traficar con 960 gramos de heroína.
Poco se sabe de momento del último ejecutado, ya que Singapur apenas revela información sobre las ejecuciones y son las oenegés locales que abogan contra la pena de muerte las que suelen enterarse de los ahorcamientos a través de los familiares de los reos, que en este caso no se han pronunciado todavía, o por otros prisioneros.
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Estas oenegés, entre ellas Transformative Justive Collective (TJC), llevan meses advirtiendo que, debido a una saturación en el corredor de la muerte tras dos años sin ejecuciones por la pandemia de covid-19, Singapur aceleraría en 2022 el ritmo de ahorcamientos, un funesto presagioque se ha ido cumpliendo.
Desde el 30 de marzo, cuando se ejecutó al singapurense de 68 años por narcotráfico, ha habido otras cinco ejecuciones, entre ellas la de un preso con discapacidad intelectual, ahorcado el 27 de abril entre fuertes críticas por parte de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos.
Todos los prespos ejecutados este año han sido condenados por narcotráfico y muchos son de nacionalidad malasia o singapurenses de etnia malaya, lo que llevó a algunas organizaciones a acusar a las autoridades isleñas de discriminación racial.
La isla fija en 15 gramos de heroína para importar o exportar el mínimo para aplicar la pena capital, y en 500 gramos si se trata de marihuana.
