Una práctica anticompetitiva de un agente económico puede impactar indirectamente el derecho al trabajo y la transparencia pública en el manejo de los recursos del Estado, ha advertido la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez.
Al participar en un conversatorio virtual con el Centro Juan XXIII, con el tema “Disposiciones y criterios para garantizar la libre competencia”, recordó la frase pronunciada a principio de año por el Papa Francisco: “La competencia desleal en el ámbito económico y laboral se traduce a menudo en la pérdida de puestos de trabajo, el apoyo al trabajo no declarado o el trabajo mal pagado. Acaba favoreciendo formas de corrupción que se alimentan de la oscuridad de la ilegalidad y la injusticia”.
De acuerdo a la funcionaria, la frase del pontífice ilustra cómo una práctica anticompetitiva puede producir graves daños no solo a la libre competencia, sino indirectamente en otros ámbitos, como el derecho al trabajo o incluso la transparencia pública en el manejo de los recursos del Estado.
Explicó que la eficacia económica y el bienestar de los consumidores representan indicadores de una satisfacción del bien común cuando se trata de prácticas comerciales competitivas dentro de los parámetros de la buena fe y la ética comercial.
“Esto último” -precisó Vásquez- “es uno de los estándares básicos de la competencia leal”.
Refirió que el artículo 10 de la ley 42 de 2008 considera en términos generales que una práctica comercial se degenera en competencia desleal cuando no observa la buena fe y la ética comercial.
Tras describir las facultades de ProCompetencia y su pertinencia en la sociedad actual, enfatizó que esta institución descentralizada del Estado tiene clara su brújula axiológica, que es la económica y el bienestar de la gente, así como el gran desafío de forjar una cultura de libre y leal competencia.
Argumentó que República Dominicana cuenta con las herramientas jurídicas, pero es preciso que los agentes económicos conozcan mejor a la institución, las ventajas de un clima de competencia perfecta y los riesgos nocivos de incurrir en conductas anticompetitivas.
De acuerdo a Vásquez, la misión de ProCompetencia, se corresponde con el sustrato del fundamento constitucional del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho. Enfatizó que la institución procura la eficiencia económica de los mercados, pero garantizando el bienestar de los consumidores, en correspondencia con la diversa gama de facultades que legalmente le corresponden.
“No hay dudas que existe una inescindible vinculación entre las políticas de libre competencia y las políticas de protección al consumidor, pues ambas se han fundado en perseguir como objetivo final el bienestar de los consumidores y de los participantes de los mercados. Es en este equilibrio justo entre mercado eficiente y bienestar del consumidor donde radica la fórmula del éxito de cualquier sistema económico”, aseguró.
Dijo que promueven la cercanía con los usuarios y los operadores económicos, a fin de explicar de qué modo impacta a la vida y la economía de los dominicanos. Afirmó estas políticas desarrolladas no serán efectivas sin la participación y las iniciativas de la gente.
“Debemos asumir una ciudadanía más participativa en ese sentido, denunciando conductas anticompetitivas, así como cuestionando aquellos actos jurídicos que contradicen o desincentivan la competencia”, puntualizó.
La presidenta de ProCompetencia participó el lunes, vía Zoom, en uno de los encuentros que realiza el Centro Juan XIII para actualización y análisis del desarrollo de los organismos que regulan las políticas públicas.
De acuerdo a la ley 42 de 2008, ProCompetencia promueve y defiende la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios a fin de generar beneficios para crear eficiencia económica y generar beneficios en favor de los consumidores y usuarios.
