Alianza País recomendó al presidente Luis Abinader eliminar el pago de los 600 pesos a los motoconchista para el registro de sus motocicletas, con el que se busca reforzar la seguridad ciudadana, ya que este es contraproducente y un obstáculo para que el proyecto avance.
“El cobro de un impuesto para registrar las motocicletas es un obstáculo, y en lugar de prevenir actos delictivos y aumentar la seguridad ciudadana, resulta en el efecto contrario. Debe ser gratuito para que los motoristas puedan acatar el llamado y acudir en masa a realizar el proceso”, explicó a través de un comunicado de prensa.
Agregó que amenazar con sanciones por el incumplimiento de la medida, que ya fue ratificada por el Tribunal Superior Administrativo, no es viable.
En ese orden, expresó que hay miles de dueños de motores en todo el territorio nacional que brindan un servicio de valor a la población que requiere la facilidad que ofrece este tipo de transporte, y que ya aportan al fisco millones de impuestos en la compra de combustibles y herramientas para sus respectivas motos.
“No es necesario cobrar esos 600 pesos a los motociclistas, ya que ellos también pagan impuestos de otras formas. El gobierno debe asumir este pago, y así aportar al desarrollo de miles de padres de familias que tienen como medio de sustento este tipo de vehículos”, aseveró la organización política que encabeza la oposición alternativa en el país.
Asimismo, cuestionó el hecho de que no solo se deba registrar el motor, sino que también, cada persona necesitará adquirir una nueva licencia de conducir si decide cambiar la moto, según contemplan la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, y que otorga un número de licencia único por motocicleta.
Hasta la fecha, en el país circulan 657,598 motocicletas registradas oficialmente, de las cuales la gran mayoría corresponde al Distrito Nacional.
La jornada de registro que encabezan el Ministerio de Interior y Policía y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) está vigente para las provincias de Santiago y San Francisco de Macorís, con duración extendida hasta el 26 de octubre, y en lo adelante, aseveró AlPaís, debería continuarse realizando de manera gratuita.
