ProCrédito Dominicana es una empresa que prometía a los clientes que tenían deudas bancarias atrasadas o castigadas limpiar sus expedientes crediticios por una suma de RD$50,000, sirviendo como mediador entre TransUnión o DataCrédito, burós de créditos, para que supuestamente se eliminara el historial crediticio.
Esta gestión nunca se realizaba, ya que en las empresas antes mencionadas no se necesitaba intermediación para solicitar la limpieza del historial crediticio, por lo que los clientes se quedaban con una deuda ascendente a los RD$50,000, que de no pagarse daba libertad a ProCrédito de embargar las propiedades.
N Digital tuvo acceso a los contratos realizados por ProCrédito y varios clientes en los que prometía lograr la gestión de la limpieza del crédito con las empresas, teniendo estos que lograr por ellos mismos que se realizara lo acordado, incumpliendo la empresa.
El Ministerio Público tomó cartas en el asunto y solicitó prisión preventiva contra Marvin Joel Soriano Robles y Roxanna Milagros Villeta Gómezm quienes supuestamente estafaron a decenas de personas a las que prometían “limpiar” sus expedientes crediticios en el sistema financiero.
Uno de los afectados y que se querelló ante el Ministerio Público, contó a este portal que ProCrédito le informó que habían limpiado su crédito, dándose cuenta éste de que era mentira cuando acudió a una entidad bancaria y le fue rechazado un préstamo porque tenía deudas castigada.
Fue después que ProCrédito dijo que independientemente de que todavía tenía deudas castigada, debía pagar los RD$50,000 acordado o de lo contrario se abstenía a un embargo de sus cuentas bancarias.
Señaló que procedió a DataCrédito a solicitar la limpieza de su expediente y fue resuelto, sin la necesidad de una empresa que supuestamente servía como intermediaria.
“Se muestra que yo a ellos les firmé un contrato para supuestamente ellos limpiar mi crédito, ellos incumplieron alegando que ya habían solucionado mi caso en el tiempo de compromiso que me dieron que fue aproximadamente de un mes, resulta que no fue así. Cuando ellos me mandan la notificación todo vía WhatsApp de que ya yo podía hacer uso de mi crédito automáticamente voy al banco, el banco me rechaza me dice que todavía sigo castigado por otra entidad, entonces cuando yo me quejo con ellos me dicen que yo debo pagarles independientemente los 50 mil pesos de honorarios porque ellos habían hecho el trabajo. Yo me dirijo personalmente a DataCrédito, de por sí mis deudas estaban expiradas, DataCrédito procedió con mi solicitud y sí me limpió, no por ProCrédito. Ellos ahora me están mandando ultimátum de que me van a embargar mi cuenta si yo no le pago mis honorarios”, indicó uno de los afectados.
La investigación del Ministerio Público establece que la estructura criminal se dedicaba a estafar personas a la que vendían la promesa de limpiar su historial de crédito.
Sin embargo, una vez que la víctima firmaban los contratos digitales, los estafados se convertían en deudores de la empresa que luego le realizaba embargos irregulares y, en muchos, casos les falsificaron sus firmas.
El expediente instrumentado por los fiscales investigadores Nehemías Salazar y Waldimir Reynoso, del Departamento Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y Propiedad Intelectual, establece que al caso se le daba seguimiento desde el 5 de octubre de 2022, desde que se produjo la primera denuncia.
Relata que la organización atraía a sus víctimas a través de un anuncio en las redes sociales, con un enlace para contactar a la Empresa Procrédito Dominicana. Una vez los usuarios daban clic en el enlace, recibían un mensaje para que escribieran por WhatsApp.
Los imputados enfrentan cargos por violación a varios artículos de Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y Código Penal Dominicano.
Se recuerda que el artículo 64 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales establece que las deudas castigadas sólo permanece en el historial crediticio hasta cuatro años del último momento en que un cliente dejó de pagar.
También, no hay empresas que puedan lograr limpiar un historial crediticio, ya que lo único que tienen permitido hacer es revisar los expedientes crediticios de los clientes y verificar si los burós de créditos están cumpliendo con lo que establece el artículo 64 de la Ley sobre Protección Integral de Datos Personales.