Una fundación argentina denunció este viernes a la vicepresidenta, Cristina Fernández, por haber usado el helicóptero oficial presidencial con “fines proselitistas”, según el documento de la demanda al que tuvo acceso EFE.
“Es claro que la asistencia al acto por el ‘Día de la Militancia’ no resulta un ‘acto de gestión’, sino una actividad partidaria, cuyo financiamiento corresponde a los partidos políticos involucrados, sus dirigentes y seguidores”, expresó la Fundación Apolo Bases para el Cambio en el texto de su denuncia.
El jueves, Fernández, que ejercía como presidenta del país por estar el mandatario, Alberto Fernández, de viaje en el exterior, acudió a un acto por el “Día de la Militancia” peronista frente a más de 60.000 personas en un estadio de la ciudad bonaerense de La Plata, en el que fue la única oradora.
La disertación de la líder del peronismo kirchnerista, que, según medios locales, acudió al evento en el helicóptero presidencial, fue considerado por analistas como un discurso en clave electoral hacia los comicios presidenciales de 2023, aunque la vicepresidenta aún no ha develado si será candidata a esos comicios.
“Tampoco parece existir en la asistencia al acto de un sindicato una actividad oficial más allá de la cercanía partidaria entre dirigentes gremiales y la vicepresidente”, añade el documento de la denuncia, en el que se remarca que la Presidencia de la Nación “financió el traslado de la autoridad a gestiones no oficiales con fondos públicos”.
Es por eso, agrega, que “deben corroborarse los extremos denunciados y formalizarse la investigación para determinar si en el caso ha habido –efectivamente– una malversación de fondos públicos al utilizar una aeronave presidencial para traslados a actos de carácter partidario, fuera de toda función oficial”.
La Fundación Apolo Bases para el Cambio, nacida en 2016 y que presenta de forma habitual denuncias contra miembros del Gobierno, incluidos el presidente y la vicepresidenta, asegura en su web que funciona “gracias al trabajo de un grupo de ciudadanos comprometidos”.
Con el objetivo de luchar contra la corrupción, generar mecanismos de transparencia y diseñar “políticas públicas de calidad” para la “transformación” del país.
EFE
