Organizaciones de la sociedad civil presentaron este martes un informe que asegura que el 90 por ciento de mujeres no tiene acceso a salud sexual y reproductiva y señala los límites que existen en atención a violencia cometida contra mujeres cisgénero y mujeres trans.
“Hemos constatado que tenemos grandes rezagos en salud sexual y reproductiva, las mujeres siguen siendo discriminadas”, declaró a EFE Silvia Menchú, una trabajadora social y representante del Consorcio por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
El informe “Discriminación y criminalización de mujeres y jóvenes por el ejercicio de su sexualidad”, realizado por más de 10 organizaciones de mujeres, encuestó a 1,300 mujeres de seis diferentes departamentos (provincias) de Guatemala para obtener una muestra de esta realidad.
Durante el estudio el 90 por ciento de las mujeres y jóvenes encuestados aseguraron no tener acceso a atención sexual y reproductiva.
Además, el 69 por ciento de 100 mujeres trans consultadas aseguró tampoco tener acceso a este tipo de servicios de salud.
Mientras tanto, de las mujeres que aseguraron recibir atención sexual y reproductiva el 45% lo recibe en servicios públicos, el 37 por ciento en lo privado y un 4 por ciento en organizaciones no gubernamentales.
La trabajadora social Menchú aseguró que muchas mujeres y jóvenes desisten de buscar atención debido a que los propios servicios públicos de salud suelen estigmatizarlos cuando se trata de temas sexuales.
El estudio también detalla que 17 de cada 20 mujeres encuestadas tienen conocimientos sobre métodos anticonceptivos, sin embargo la mayoría se concentran en la Ciudad de Guatemala.
La “violencia social” es el tipo de violencia más común que sufren las mujeres cisgénero con un 37 por ciento, al igual que las mujeres trans con un 70 por ciento, según el estudio.
De acuerdo a los resultados una de las mayores limitantes para recibir ayuda por ser víctimas de violencia sexual es que las mujeres son cuestionadas sobre su actuación previo al hecho violento.
“Lamentablemente en las comunidades indígenas la desigualdad y la falta de acceso integral a salud se ha normalizado y esto nos mantiene sobreviviendo sin poder alcanzar derechos básicos”, concluyó Silvia Menchú.
En marzo de este año, el Congreso de Guatemala, encabezado por diputados oficialistas aprobaron una ley contra el aborto que también prohibía la educación sexual integral en el sistema educativo, pero la ley fue vetada por el presidente Alejandro Giammattei.
Entre enero y octubre Guatemala registró 1.824 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años, según datos del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR).
EFE
