Por: Joel Suriel. – La variación en las medidas de coerción de varios imputados en caso de corrupción ha terminado con la luna de miel que tenían los jueces dominicanos y los fiscales del Ministerio Público, al punto de que varios abogados defensores criticaron que los tribunales fueran un sello gomígrafo de la Procuraduría General de la República por imponer la prisión preventiva.
Con la llegada del Miriam Germán a la Procuraduría General, empezó una especie de luna de miel entre jueces y fiscales, ya que en los tribunales se imponían las medidas de coerción que desde el Ministerio Público se pedían.
Pero todo ha cambiado desde que los jueces han ordenado el cese de la prisión preventiva de varios imputados en casos de corrupción, principalmente allegados al expresidente de la República Danilo Medina, lo que ha provocado las crudas críticas de los principales fiscales del Ministerio Público, los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
En los últimos meses, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) ha emitido dos comunicados contra los procuradores adjuntos Reynoso y Camacho por las constantes críticas que se les da a sus decisiones.
El más reciente tuvo lugar este jueves, cuando JUDEMO expresó su “firme y enérgico” rechazo a las declaraciones dadas por el procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, la procuradora fiscal de Duarte, Smailey Rodríguez y el procurador general adjunto, Wilson Camacho, quienes, por separado, ofrecieron declaraciones en los medios de comunicación criticando sentencias de varios jueces, principalmente la variación de la medida de coerción a los acusados del caso Coral.
En opinión de la sociedad de jueces, estos pronunciamientos, además de apartarse de la correcta e institucional conducción de la actual gestión de la Procuraduría General de la República, lesionan e ignoran el Estado de derecho, las reglas del debido proceso, el principio de separación de funciones y la independencia judicial.
Los fiscales criticaron las decisiones de algunos jueces que han impuesto medidas menos gravosas como la garantía económica y hasta la libertad pura y simple a favor de imputados involucrados en casos graves.
En el caso de Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), dijo que la jueza Yanibet Rivas, con la variación de la medida de coerción al general Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza y Rossy Guzmán y su hijo Taner Flete, pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones.
Ya en septiembre del presente año, el mechero en el poder judicial se había encendido luego de que la directora nacional de Persecución del Ministerio Público y procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien luego de que un tribunal absolviera al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, dijo que la jurisprudencia de la corrupción en el país es vergonzosa.
Estas declaraciones produjeron reacciones tanto del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, y la presidenta de la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), Elka Reyes Olivo, quienes defendieron el papel de los jueces en los fallos y variaciones de medidas a acusados de casos de corrupción.
Reynoso dijo que la jurisprudencia de la corrupción en la República Dominicana no solo es “vergonzosa”, sino parcial, deficiente, errónea, entre otros calificativos.
La magistrada calificó como “increíble” la manera en que los tribunales varían sus criterios cuando se trata de casos de corrupción y del crimen organizado.
“En la RD la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea…Es increíble como mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado”, dijo Reynoso en ese entonces.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, luego de las declaraciones de Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el precio de la independencia judicial consiste en tomar decisiones que pueden no gustar porque están sustentadas en el derecho y sus fuentes y no en la popularidad.
Molina afirmó que los jueces que integran el Poder Judicial son muy valientes porque actúan contra la presión mediática y fallan aplicando la Constitución y las leyes.
Mientras que, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia dijo que las declaraciones de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso de que la jurisprudencia de la corrupción en la República Dominicana es vergonzosa, son un atentado contra la institucionalidad del Poder Judicial.
En un documento firmado por la presidenta de JUDEMO, la jueza Elka Reyes Olivo, indicó que esas declaraciones de la directora nacional de Persecución del Ministerio Público atentan contra la independencia, autonomía, a la majestad de la justicia, a los principios y valores cuya preservación constituyen el eje central de esa organización.
La organización estimó que con sus declaraciones, la magistrada Reynoso resquebraja la institucionalidad e independencia del Poder Judicial, al lanzar ataques y acusaciones en contra del sistema de justicia, que además de enlodar la imagen de éste, generan una “injustificada intranquilidad en la población dominicana y retoma prácticas del populismo penal que se encontraban casi superadas”.
Decisiones como la variación de medidas de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria a los acusados en la operación Anti Pulpo y la operación Coral, además de la no condena al exdirector de la OMSA por corrupción, son los casos que han desatado la polémica entre el Poder Judicial y el Ministerio Público hasta el momento.
