El Senado aprobó este martes el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que ya había sido sancionado por la Cámara de Diputados, por lo cual la iniciativa pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
El proyecto recibió 16 votos a favor y ocho en contra, incluyendo el de la presidenta de la comisión bilateral que estudió la pieza, Faride Raful, senadora por el Distrito Nacional del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Los legisladores de la oposición también rechazaron el proyecto de ley, argumentando que este viola la Constitución cuando otorga a los gobiernos locales la autoridad del ordenamiento territorial que, consideran, es facultad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
El senador de la Fuerza del Pueblo (FP8, Bautista Rojas Gómez, dijo tras el término de la sesión que la Cámara de Diputados aprobó esas modificaciones “inconstitucionales” y que el presidente de ese hemiciclo, el oficialista Alfredo Pacheco, fue quien supuestamente impulsó también su aprobación en el Senado.
Mientras, el representante de Barahona, José Del Castillo, afirmó que sería “contraproducente” dejar en manos de “instituciones débiles” como las alcaldías y los distritos municipales la autoridad de determinar de qué forma se utilizará el territorio.
“Las mayorías de las corporaciones edilicias no cuentan infraestructura para ese tipo de compromiso, el 90 % de sus ingresos se van en nómina, imagínese tener que decidir, evaluar y realizar estudios técnicos en torno al territorio”, opinó Del Castillo, senador por Barahona y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El proyecto aprobado tiene por objeto establecer el marco de regulación para la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento territorial y el uso del suelo en los distintos niveles político-administrativos atendiendo a lineamientos de interés ambiental, cultural, económico y social.
En noviembre pasado, la senador Raful destacó en su cuenta de Instagram la importancia de aprobar esa ley, al considerar que esta aportará “transparencia” en los procesos de planificación que “van a utilizar los gobiernos locales”.
Asimismo, afirmó que el Ministerio de Economía será el órgano rector de “todo el sistema” en cuando a la aplicación de la ley, además de que se aplicarán “sanciones claras” contra todo aquel que intente construir en un lugar prohibido por la ley.
