El asistente del alcalde por Cotuí, Bienvenido Lazala, defendió su política de distribuir los bonos navideños que entrega el Gobierno, exclusivamente entre miembros y simpatizantes del oficialista Partido Revolucionario Moderno.
Ambiorix Dariel Grullón, asistente del alcalde y ejecutivo del Ministerio de Salud Pública, dijo que la ayuda estatal solo la entrega a perremeistas porque son los que apoyarán con su voto cuando lleguen las elecciones del 2024.
En un audio atribuido a Grullón y que circula en redes sociales, deja claro que esos los bonos navideños gubernamentales no pueden entregarse a opositores al PRM porque entonces estaría beneficiando al “enemigo”.
“Yo no puedo alimentar al enemigo; esto es pa` lo PRM; pa` lo PRM es lo que hay….cada cual tiene su grupo”, argumentó Gullón.
En Nuria Investigación periodística realizó un reportaje titulado “Bono de apoyo familiar ¿clientelismo o asistencia social?, que da cuenta como la dirigencia provincial del partido oficial distribuye la ayuda por Navidad entre perremeistas.
A continuación, el contenido del reportaje:
Nadie podría estar en desacuerdo con programas como los Bonos de Apoyo Familiar destinados a ayudar a familias de escasos recursos, sobre todo cuando están sufriendo el impacto económico postpandemia. Lo que sí es cuestionable es que esos bonos, en lugar de beneficiar a personas que si lo necesiten, terminen en manos de dirigentes políticos del oficialismo o de empleados públicos, como ha ocurrido en la provincia Sánchez Ramírez.
El programa Nuria Investigación Periodística realizó un reportaje en el que se muestran irregularidades en la distribución y entrega de esta ayuda.
El pasado 18 de julio año el presidente Luis Abinader la creación de este Bono que consiste en la entrega de 1,500 pesos a un millón de dominicanos, en formato de cheque no endosable. La convocatoria fue hecha por el Gabinete de Políticas Sociales y la Administradora de Subsidios Sociales (Adess). La entrega del incentivo económico inició a mediados de julio de este año en las provincias Santo Domingo, Monte Plata y San Cristóbal. A partir del primero de agosto se expande a otras 16 provincias. Según la página web oficial, el programa va dirigido a aquellos hogares con índice de pobreza identificados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). Consultamos con el exdirector ejecutivo de la Vicepresidencia durante la gestión de Margarita Cedeño para que nos explicara cómo funciona esta base de datos que comprende poco más de 2 millones de hogares en todo el país.
El director ejecutivo pasada gestión Vicepresidencia República, Frank Olivares, explica los parámetros mediante los cuales son seleccionados los beneficiarios de este programa.
“Estamos hablando de casi cinco o 6 millones de personas, no significa que todos sean pobres, ni que todos sean vulnerables, sino que viven en lugares donde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ha establecido que hay condiciones de pobreza”, detalla Olivares.
Explica que esto permite mitigar los riesgos de que personas que no requieren estas ayudas, las reciban o aparezcan en los listados. Y es que hay elementos sumamente precisos que son tomados en cuenta a la hora de evaluar la pobreza.
Pero, según nuestros hallazgos, pareciera que en el caso de la provincia Sánchez Ramírez en lugar de usarse esa Base de Datos se usó el padrón del Partido Revolucionario Moderno, pues dirigentes de esa organización e incluso funcionarios electos, figuran entre los seleccionados pese a que evidentemente no forman parte del grupo de hogares con índice de calidad de vida I y II identificados por el Siuben, que en teoría es a quienes va dirigido el programa. Para muestra un botón.
Arquímedes Matías, presidente municipal PRM valoró que “es una de las partes positivas que ha presentado nuestro gobierno, Luis Abinader y es su parte humanitaria y con este bono que en el día de hoy le están entregando a las familias más necesitadas”.
Marías hizo este planteamiento el 18 de agosto de este año, durante la entrega de los bonos en Sánchez Ramírez, quien desde diciembre de 2020, también es presidente del Consejo de Administración de los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez (FOMISAR), entidad que administra los fondos que recibe la provincia del contrato entre el Estado y la empresa Pueblo Viejo que opera la Barrick Gold pero increíblemente aparece en el listado de los beneficiarios del bono, lo que fue confirmado por él mismo en esta llamada que le hicimos.
Al preguntarle a que se dedica, desvía la respuesta indicando que ha planteado la necesidad de revisar la base de datos para evitar las irregularidades…irónicamente de las que él mismo forma parte.
Aunque no reveló los nombres, dio a conocer otro impactante dato.
Se refiere al alcalde de Cotuí, Bienvenido Antonio Lazala, quien fue favorecido con los 1,500 pesos, al igual que su prima, Bélgica Lazala, quien en una llamada telefónica que le hicimos admite que es beneficiaria pese a que recibe una pensión como maestra de 21,169 pesos. Afirma que no ha ido a buscar el cheque por estos motivos.
Algo que no sería impedimento para una persona con una imperiosa necesidad. Pero ella no es la única pariente del alcalde en la lista, pues Elizabeth Yoly Lazala, quien devenga 75 mil pesos en la Tesorería Nacional también recibió el bono y ni siquiera reside en Cotuí. Hay otros casos de beneficiarios que no son familiares pero son empleados públicos, por lo tanto tampoco podían ser favorecidos, como Basilio José Díaz, quien devenga 16 mil pesos en los Comedores Económicos del Estado en Cotuí, pese a que no reside en el municipio, sino en Santo Domingo. Ysabel Hernández, profesora activa en la Escuela Pueblo Nuevo, cuyo sueldo es de 34,780 pesos y Benedicto Arias Hernández, quien devenga 12, 741 pesos en Educación.
Pero como ya comprobamos en las llamadas que hicimos, muchos estaban al tanto, incluso beneficiarios que son pequeños, medianos y grandes comerciantes como Basilio Santos, propietario de una de las principales ferreterías de toda la provincia.
Mientras tanto, estamos seguros de que en Sánchez Ramírez hay muchas familias, fuera del listado, para las que sería urgente ir a retirar esos 1,500 pesos y satisfacer necesidades básicas como la alimentación. También están en el listado, Juan Carlos Diplan Villaman, propietario de una tienda de celulares y Luis Alfredo Gómez, quien tiene colmados. Al igual que en las demás provincias, la gobernadora, Cristiana Rodriguez, ha sido la responsable de la entrega, lo que también puede afectar la transparencia del proceso.
Y así se marcharon de la humilde vivienda de madera sin entregar el bono. Pero, además de los alcaldes, tenemos casos de regidores que hacen uso de los bonos para fines políticos y entregárselos a personas de clase media, que no los necesitan, como lo declara esta estudiante universitaria, cuya identidad quiso mantener oculta, quien dice haberse registrado en el listado vía internet pero quien lo recibió fue otra persona.
Otra debilidad del proceso es que se hace la entrega de cheques que luego pasan a dinero en efectivo y las autoridades desconocen que uso le dan los beneficiarios.
Aunque no necesariamente es así. La entrega del bono navideño, en diciembre de 2021 es un ejemplo. Cada tarjeta disponía de 1,500 pesos de cobertura en supermercados y colmados y supuestamente eran para ser entregadas a un millón setecientas cincuenta mil familias y decimos, supuestamente, porque tenemos testimonios de cajeras de establecimientos que vieron como personas hacían uso de decenas de tarjetas que tenían en su poder para comprar todo tipo de productos, desde ropas, juguetes hasta bebidas alcohólicas.
Este no es el único cuestionamiento que ha enfrentado el gobierno respecto a las tarjetas y los bonos, pues en julio de este año se denunció que se desconocen a donde fueron a parar 57,900 tarjetas de bonos navideños de un total de un millón 750 mil tarjetas de 1,500 pesos otorgadas en diciembre de 2021, con una inversión total de RD$2,600 millones.
En el informe oficial, se señala que tanto Siuben como el programa Supérate eran los “principales encargados de la distribución de hasta el 80% de esas tarjetas”. En la práctica, hicieron todo lo contrario: solo el 20% fueron entregados directamente por el Gabinete de Política Social y el programa Supérate. Con respecto al bono de apoyo familiar, en septiembre de este año salió a relucir que Mayleni Cruz Álvarez, nada más y nada menos, que la esposa del senador de Montecristi, fue favorecida con los 1,500 pesos. De acuerdo a la Tesorería Nacional, hasta el 24 de agosto de este año, se habían entregado 145 mil cheques de Bono de Apoyo Familiar por 184.6 millones de pesos, de los cuales 4.5 millones fueron destinados a la provincia Sánchez Ramírez. ¿De esta suma cuánto dinero habrá ido a parar realmente a manos de los pobres y cuantos a dirigentes del PRM, empleados públicos, políticos y relacionados?
“Quizás nunca lo sabremos. Porque lo que garantiza un diseño correcto de políticas públicas es que podamos tener al final de la ejecución de una política pública la información correspondiente para definir eso”, plantea Olivares.
Solicitamos una entrevista al coordinador del Gabinete de Política Social, Francisco Antonio Peña Guaba (Tony), a los fines de aclarar los puntos mencionados y nos respondió vía Whastapp que “la mayoría de los bonos familiares entregados en la primera etapa, vía cheques, han sido entregados a través de Supérate”.
También solicitamos una entrevista a la directora de Supérate, Gloria Reyes, y todavía estamos a la espera. Ahora, la preocupación es que en las primeras dos semanas de diciembre de este año, el Gobierno volverá a entregar unos 3 mil millones de pesos en Bonos Navideños.
Cada tarjeta de 1,500 pesos serán canjeables en comercios y, al igual que como se intentó el pasado año, cada persona podrá utilizar solo un bono porque será activado con el número de cédula.
¿Se volverá a ideal fuera que ninguna familia tuviera la necesidad del asistencialismo, que se ha modernizado pasando de fundas, canastillas y cajas con comida a tarjetas y cheques, pero históricamente aun en sus diferentes formatos parece seguir siendo una herramienta más del clientelismo político que no ayuda a romper el círculo de la pobreza, sobre todo cuando no se cumplen criterios objetivos para determinar a quienes les llegan las ayudas.
