La decisión del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de variar la prisión preventiva por domiciliaria contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso de corrupción Medusa, generó la opinión de diversos sectores de la justicia y del Poder Legislativo.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, sostuvo que “una persona, en general, que está siendo objeto de un proceso judicial, solo debe guardar prisión de manera excepcional, en situaciones especiales y consideró que el principio es la libertad”.
De su lado, el presidente del Colegio de Abogados (CARD), Miguel Surun, indicó que la medida de coerción, única y exclusivamente, en este caso la prisión preventiva, tienen que ver con las medidas tendentes de garantizar la presencia del imputado en todas las etapas del proceso y lo que ha acontecido es el vencimiento del plazo máximo del tiempo de la prisión preventiva, por lo que el juez actuó de acuerdo al mandato legal”.
En tanto que el diputado Gustavo Sánchez, consideró que no ha habido ninguna concesión privilegiada en el caso del exprocurador y que corresponde a los tribunales si tiene o no culpa de los hechos que se le acusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió de prisión preventiva a domiciliaria la coerción contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, recluido en una cárcel desde junio del 2021 por su presunta implicación en una red de corrupción durante su gestión en el Ministerio Público.
Al exjefe del Ministerio Público se le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos.
El Ministerio Público presentó acusación en este caso el pasado 2 de julio del 2022, con un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas y entre las pruebas, más de 400 testigos”. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
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