EFE.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó este sábado al comandante del Ejército, el general Júlio César de Arruda, dos semanas después del intento golpista perpetrado por bolsonaristas radicales en Brasilia, según medios locales.
El cambio en el mando del Ejército se produce en medio del clima de desconfianza entre el mandatario de izquierdas y algunos sectores de las Fuerzas Armadas desde el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema el pasado 8 de enero.
El cese llega además un día después de la reunión que mantuvo Lula con Arruda y los comandantes de la Marina y la Aeronáutica para discutir inversiones y planes para modernizar las tres fuerzas, según dijo el ministro de Defensa, José Múcio.
Según el diario Folha de Sao Paulo, la decisión fue comunicada este mismo sábado a Arruda, que deja el cargo antes de completar su primer mes en el mismo. Según el periódico, Lula tomó esa determinación porque Arruda “no demostró disposición” en tomar medidas “inmediatas” para aplacar sus dudas sobre la actuación de algunos sectores militares en la intentona golpista de hace dos semanas.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que asumió el poder el pasado 1 de enero, ha manifestado en diversas ocasiones sus dudas sobre el papel de las Fuerzas Armadas en relación a la invasión y los graves daños causados en las sedes de los tres poderes.
La semana pasada, en un desayuno con periodistas, aseguró que hubo “muchos militares y policías” que fueron “conniventes” con el intento de golpe y que está “convencido” de que alguien de dentro del palacio presidencial de Planalto “facilitó” la entrada de los radicales.
El miércoles, en una entrevista a GloboNews, dejó entrever nuevamente esa desconfianza al criticar las agencias de inteligencia “del Ejército, de la Policía y de la Marina” por no avisarle que bolsonaristas radicales se estaban organizando para el asalto de Brasilia.
Arruda asumió como comandante del Ejército el pasado 30 de diciembre, cuando aún estaba en el poder el ahora expresidente Jair Bolsonaro, y continuó en el cargo con el apoyo del Gobierno de Lula.
Según medios locales, su sustituto será el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, quien esta semana, en una ceremonia militar, hizo un fuerte alegato en defensa del orden democrático y del resultado de las elecciones de octubre, en las que Lula derrotó a Bolsonaro, quien todavía sigue sin reconocer su derrota en las urnas.
La desmilitarización del Gobierno
Elmandatario ha empezado a limpiar de militares el Gobierno. En sus primeros veinte días de mandato, ha prescindido de los servicios de unos 140 militares que trabajaban en órganos vinculados con la seguridad y la administración de la Presidencia.
La salida de esos militares se venía produciendo desde la investidura de Lula, pero se ha acelerado a partir del asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema por parte de miles de seguidores del exgobernante ultraderechista Jair Bolsonaro.
El martespasado, el Gobierno de Lula dispensó a 40 militares que trabajaban en la administración del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia.
Entre el miércoles y el jueves, le tocó el turno a una veintena que ejercían diversos cargos en el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), responsable por la protección de la vida del presidente.
Este cambio de paradigma en relación al peso de las FF.AA. en el Gobierno, que con Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, adquirieron un espacio de poder no visto desde los tiempos de la dictadura (1964-1985), entra dentro de los planes de Lula para desmilitarizar la administración pública.
Según datos oficiales, el número de militares, activos o de la reserva, ocupando cargos civiles saltó desde 2.765 en 2018, un año antes de que Bolsonaro llegara al poder, hasta los 6.157 en 2020, de los cuales cerca de la mitad son cargos “comisionados” que el nuevo Gobierno puede sustituir en el corto plazo.
Despolitizar los cuarteles es el otro gran desafío, el cual ha adquirido un sentido de urgencia desde el violento ataque a las instituciones del 8 de enero que buscaba derrocar a Lula y devolver al poder a Bolsonaro.
Las Fuerzas Armadas, como institución, se mantuvieron fieles a la Constitución y a Lula, en su condición de comandante supremo, aunque el Gobierno sospecha de la participación de algunos pocos militares en los actos golpistas, a los que pretende castigar “sin importar la patente”.
En medio de la desmilitarización en cargos de la Presidencia, el Gobierno de Lula también cesó esta semana a los 27 superintendentes regionales de la Policía Federal de Carreteras y a 18 de la Policía Federal.
Este tipo de cambios en los comandos policiales son normales al entrar una nueva administración, pero esta vez se están llevando a cabo de forma más rápida y profunda.
Mientras, las operaciones se suceden en todo el país para identificar a los organizadores y financiadores de la intentona golpista.
En la lista de investigados de la Corte Suprema figura Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos sin billete de vuelta, por incitar a sus simpatizantes a atacar las instituciones democráticas.
