La Fuerza Nacional Progresista, reclamó de las autoridades gubernamentales, en Declaración Pública formulada por su Vicepresidente y Vocero, Pelegrín Castillo Seman, adoptar cuanto antes medidas apropiadas para proteger la integridad demográfica y la salud pública de la población dominicana , en especial de la niñez y adolescencia, con base en los mandatos de la Constitución de la República.
En primer término, la FNP demando que se enfrente el serio problema social que significa que la población en general, y muy particularmente, la niñez y la adolescencia, tengan acceso sin restricciones o con restricciones fáciles de deshacer a páginas pornograficas y de otros contenidos inapropiados y/o peligrosos. Esta tendencia se ha visto incrementada por la difusión de computadoras y tabletas en el sistema educativo, sin que se hayan implantado al mismo tiempo los correspondientes programas de control parental o público gubernamental. De esta suerte, se afecta negativamente y en forma duradera la formación educativa, moral y espiritual, del capital humano y social de la República Dominicana, a la vez que se permite el avance de un mal social que está íntimamente conectado con la violencia cultural, en especial, contra la mujer, tanto como con el deterioro preocupante de la estructura familiar.
Asimismo, la Fuerza Nacional Progresista exhorto a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, al Defensor del Pueblo y Proconsumidor , a restringir la venta tanto de potenciadores sexuales como de las píldoras de emergencia, que solo deberían adquirirse con la debida prescripción de médicos especialistas, y no en forma libre en cualquier establecimiento comercial, incluido, los colmados. El uso continuo y prolongado de los mismos, por parte de grupos de población adolescente o de adultos jóvenes, que en principio no lo requieren, así como su consumo junto a otras sustancias como las bebidas energízantes en el caso de los potenciadores sexuales, podría terminar de afectar la salud reproductiva y/o cardiovascular de los usuarios regulares. Por tanto, el Ministerio de Salud, el Defensor del Pueblo, así como ProConsumidor, harían bien si tomaran las medidas correspondientes para frenar su uso indiscriminado, y sin información de riesgos o contraindicaciones. Si siguen las tendencias actuales al expendio indiscriminado de estas sustancias, que solo deberían ser autorizadas por los facultativos médicos especializados , en una generación, podríamos comprobar cómo se afectan variables demográficas importantes, como la tasa de fertilidad o de población estéril, o con disfunciones sexuales, a la vez que avanzan enfermedades catastróficas de otra índole, lo que reforzaría la tendencia a la inquietante reducción de la tasa de crecimiento de la población dominicana.
La Fuerza Nacional Progresista, en otro orden, reiteró el llamado a las autoridades públicas, a ordenar programas de orientación sobre alimentación sana y equilibrada, como componente esencial de una política de salud preventiva, señalando, como ejemplo-entre muchos otros que se pudieran citar-, la necesidad de que la población conozca que los aceites comestibles de uso común, no deben reutilizarse o calentarse a altas temperatura, ya que son susceptibles de descomponerse y generar sustancias que afecten la salud general de la población, en especial, la de la más vulnerable y humilde. Es mucho lo que podría lograrse con información adecuada, si las autoridades adoptarán las providencias correspondientes para cambiar el perfil de morbilidad de la población, cuando no existe una dieta balanceada y un régimen de vida más sano y activo, algo de lo que carecemos en el presente.
Finalmente, la Fuerza Nacional Progresista anunció que próximamente radicará junto a otras organizaciones, una denuncia pública con solicitud de investigación, ante la Procuraduría General de Ia República, el Ministerio de Salud y el Defensor del Pueblo, acerca de los esquemas de defraudación y/o desviación de fondos públicos que operan tras el tráfico de parturientas y pacientes haitianos en general, hacia los hospitales y maternidades dominicanas, y que permiten que Organizaciones no Gubernamentales, con apoyos nacionales y foráneos, operando en el ámbito insular hayan venido afectando gravemente el derecho fundamental de los dominicanos más humildes a acceder a servicios de salud apropiados, como lo dispone la Constitución y las leyes de la República, al tiempo que dichas mafias insulares obtienen ganancias millonarias ilícitas e injustificadas, bajo el ropaje hipócrita de los DDHH. Queremos puntualizar que “no se puede defender los derechos de las personas aplastando los derechos de las naciones”.
