Por: Joel Suriel. – El Gobierno del presidente Luis Abinader ha arreciado en la última semana en la búsqueda de consenso para crear un Ministerio de Justicia que descongestione las funciones que actualmente tiene la Procuraduría General de la República.
Con reuniones con las escuelas de derechos de las distintas universidades y los gremios empresariales vinculados a la justicia de la República Dominicana, el Gobierno, a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, busca tener un consenso antes del 27 de febrero, cuando el presidente Abinader se dirija a la nación para rendir cuentas.
La creación de este ministerio ha encontrado la oposición del Colegio de Abogados de la República Dominicana y ha sido cuestionado por el expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, quien ha dicho que esa iniciativa busca “distraer” a la población.
Aunque la FP y Fernández no han expresado su rechazo al proyecto, el exmandatario asegura que la población está concentrada en sobrevivir a la galopante inflación que afecta al país, y el Gobierno debe dar prioridad a esos temas en vez de estar creando “distracciones”.
Las declaraciones de Fernández fueron refutadas por Antoliano Peralta, quien dijo que la posición del tres veces presidente de la República son incoherentes porque cuando estaba al frente del Gobierno, propuso la creación de una Secretaría de Estado de Justicia, vía del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.
Hasta el momento, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la otra organización mayoritaria de oposición, no se ha referido a la propuesta del Gobierno, aunque el año pasado dijo que iba a estudiar la propuesta, sin que sepa a cuál conclusión llegó el partido opositor en torno al Ministerio de Justicia.
En cuanto al Colegio Médico, su presidente, Miguel Surun Hernández, dijo que rechaza la propuesta porque pretende que la jurisdicción administrativa inmobiliaria sea sacada del Poder Judicial para insertarla en el Ministerio de Justicia, lo que pondría en manos de un funcionario, que es empleado del presidente de la República, toda la titularidad de propiedad de la República.
Surun Hernández dijo que también rechaza la iniciativa porque trata de retirar el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de la Procuraduría General de la República, lo que considera como peligroso, ya que es un órgano técnico en materia pericial, para que sea entregado a un funcionario que sobrepoblará la nómina de esa entidad con activistas políticos.
Dijo que lo planteado por el Gobierno para la creación del Ministerio de Justicia es un “desastre”, además de que se quejó de que el Colegio de Abogados no fue consultado para esa propuesta, por el “sectarismo” del Gobierno.
La creación de este ministerio tiene como propósito ser el “órgano responsable de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfoca de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad”.
Se recuerda que a finales del año pasado, el presidente Luis Abinader anunció que sometería un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia, el cual será depositado en el Congreso Nacional el 27 de febrero de 2023.
En aquel momento el gobernante instruyó al consultor jurídico a realizar de inmediato un proceso de intercambio y consulta con las entidades académicas, gremios profesionales y empresariales, así como asociaciones ligadas a la práctica jurídica, para presentar dicho proyecto.
La propuesta normativa ha sido discutida hasta ahora con los órganos del Estado que de una forma u otra interactúan en sector de la justicia y la protección de los derechos humanos. Las conversaciones se han producido con las máximas autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público, la oficina del Defensor del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Administración Pública.
Estos órganos han ido produciendo importantes comentarios y sugerencias que están siendo valorados por el equipo de la Consultoría Jurídica a cargo de la elaboración del proyecto, según el Gobierno.
La que ahora inicia es una etapa que incluirá un encuentro con las academias, un encuentro con las asociaciones profesionales y gremios ligados al sector justicia y un encuentro final con destacados profesionales de las ciencias jurídicas, tendente a la construcción del proyecto de ley.
