La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra la hija de la encarcelada expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) por lavado de activos, según un informe del ministerio público y de la policía al que accedió la AFP este martes.
El documento, con fecha 15 de septiembre de 2022, apunta a Carolina Ribera por “la supuesta comisión de los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas”, pero no detalla los motivos de la acusación.
“Investiguen, no tengo nada que esconder”, afirmó Ribera en redes sociales tras la publicación del informe sobre su caso en medios locales.
“No soy corrupta ni narcotraficante”, agregó, y acusó al ministerio de Justicia de “cocinar a pedido procesos y sentencias”.
Ribera, de 32 años, es una activista crítica del gobierno del izquierdista Luis Arce y asegura que su madre es una presa política.
La conservadora Áñez fue detenida en marzo de 2021 y condenada el año pasado a 10 años de prisión por tomar el mando irregularmente cuando Evo Morales (2006-2019) renunció tras perder el apoyo de mandos militares y policiales, en medio de violentas protestas por un supuesto fraude electoral cuando el izquierdista buscaba su cuarto mandato.
Ribera ha denunciado en el ámbito internacional los “vejámenes” cometidos contra su madre en la prisión de La Paz donde está recluida.
En el documento filtrado, la Fiscalía solicita informes a 32 entes del Estado sobre los viajes, llamadas e inmuebles de Ribera, así como la “retención de fondos de todas las cuentas bancarias” de la indagada.
La otra acusada en el expediente es Natalia Ibáñez, prima del gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El prominente opositor derechista está en prisión preventiva desde el 30 de diciembre por su supuesta participación en un “golpe de Estado” contra Morales, una causa por la que también espera juicio Áñez.
De acuerdo con el informe, el fiscal del caso contra Ribera es Omar Mejillones, el mismo que imputó a Áñez y Camacho.
En 2021, un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia cuestionó la independencia de su sistema judicial, conclusión que un experto de Naciones Unidas respaldó meses después tras visitar el país sudamericano.
