SANTO DOMINGO.-El Senado aprobó este martes en segunda lectura el Proyecto del Código Penal en el país, sin incluir en la iniciativa el aborto en tres causales como reclaman desde hace años diversos grupos sociales.
Los senadores rechazaron varias propuestas de modificación del representante de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, relativo al aborto, orientación sexual, discriminación y prescripción de la corrupción.
Faride Raful, senadora del Distrito Nacional, reiteró su apoyo a las tres causales en el Código Penal y ratificó que seguirá luchando por el derecho a la mujer a decidir sin «temor» ni «miedo».
Asimismo el vocero del PLD, Yvan Lorenzo, también reiteró su rechazo al proyecto de Ley del Código Penal sin las tres causales y favoreció una «ley especial» para el aborto con las tres causales.
El proyecto que consta de unos 421 artículos fue aprobado por la mayoría de representantes de los legisladores, faltando apenas horas para que concluya la legislatura extraordinaria, que vence este miércoles a la medianoche.
El informe fue expuesto por el senador Antonio Taveras, quien presidió una comisión especial para estudiar el proyecto que se corresponde en la mayoría de los artículos con el aprobado hace meses en la Cámara Alta y que no incluye las tres causales que permitirían interrumpir un embarazo.
El Código Penal tiene el propósito, entre otros puntos, de regular nuevos tipos penales, reformando de manera íntegra el derecho penal dominicano con la finalidad de proveer soluciones a la justicia, haciendo más efectivo su funcionamiento en el contexto de los principios de legalidad, equidad y razonabilidad, afirmó el Senado.
La pieza legislativa fue aprobada con una votación de 23 senadores de 26 presentes en la sesión, luego de que se presentara el informe del estudio del proyecto.
También se retiraron los senadores del bloque del PLD, encabezado por su vocero Yvan Lorenzo, alegando que no votarían por un Código Penal sin leerse en la comisión ni en el hemiciclo.
La normativa indica que el Estado podrá cumplir con su función esencial, consistente en la protección efectiva de los derechos de las personas y la protección de los bienes jurídicos.
Además, permitirá un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.
