La ONU expresó el viernes su preocupación por las reformas legislativas en Nicaragua que permitieron privar de ciudadanía a más de 300 disidentes y alertó de que van en contra del derecho internacional.
En Nicaragua, “las reformas legislativas más recientes que permiten privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía contravienen las obligaciones que tiene este país en el marco del derecho internacional y regional de los derechos humanos”, advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados en un comunicado (ACNUR).
“El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”, agregó.
Estas afirmaciones tienen lugar después de que un tribunal de Nicaragua despojara el miércoles de su nacionalidad a 94 disidentes exiliados y los declarara “traidores de la patria”.
Entre ellos figuran el célebre escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista (1985-1990) que encabezaba entonces el actual mandatario Daniel Ortega, la poeta Gioconda Belli y el obispo católico Silvio Báez.
La misma medida fue aplicada la semana pasada a otros 222 opositores, detenidos en el país, que fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos.
Ortega enfrenta en estos momentos críticas de la comunidad internacional debido al creciente autoritarismo de su gobierno.
Las autoridades de Nicaragua detuvieron a centenares de opositores en el contexto de la represión que siguió a una crisis política y social con protestas callejeras que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.
“Privar a alguien de su nacionalidad nunca se justificará por el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de asociación u otros derechos relacionados con las opiniones políticas de una persona”, dijo ACNUR en su comunicado.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se mostró “alarmado” por la decisión del gobierno nicaragüense de privar de nacionalidad a los opositores.
“Cabe recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, a la prensa el jueves.
“El derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental. No debe haber persecución ni represalias contra los defensores de los derechos humanos o las personas que expresen opiniones críticas”, agregó.
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