Por Marcos Contreras.- Tres connotados abogados opinaron en torno a la sentencia que declaró libre la tarde de este lunes al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, acusado de liderar un entramado que estafó a esa institución con RD$ 500 millones, en una batalla legal que se extendió por aproximadamente 18 meses en los tribunales.
Para el presidente del Colegio de Abogados de las República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, el fallo constituye un duro golpe a la lucha contra la corrupción administrativa en el sentido de que en la mayoría de los casos esta se acentúa contra los que menos pueden, mientras los encartados de cuello blanco son tratados guardando el debido proceso.
Surún Hernández
“Se trata de una sentencia que deja un sabor amargo en esta sociedad respecto a cómo se juzgan a las personas de escasos recursos económicos, muy especialmente la ausencia de garantías de que son víctimas cuando son procesados, respecto a la forma garantista con que son tratados los encargados de cuello blanco”, dijo Hernández.
Al ser consultado por N Digital el presidente del gremio indicó que la sentencia, que condena a ocho de diez implicados en el esquema de corrupción administrativa, pone en relieve la forma en que muchas veces la justicia dominicana tibia los paños para acoger a los procesados de alto nivel económico, en tanto se ajusta el látigo contra los llamados “hijos de machepa”.
“Al margen del debido proceso, y de que respetamos las decisiones judiciales, no deja de ser preocupante la forma en que se le respeta el debido proceso y por cualquier quítame esta paja se les descarga, mientras a los de abajo se les condena bajo cualquier pretexto a pudrirse en la cárcel”, dijo.
Por otro lado la abogada Laura Acosta entiende que la absolución del exfuncionario no deja mal parado el órgano acusador, debido a que fueron condenados ocho de los diez imputados en el proceso judicial.
Laura Acosta
La jurista indicó que para fijar una posición más acabada respecto a la pertinencia o no de la libertad de Dicent, se hace necesario conocer los detalles de expediente a fin de determinar si el Ministerio Público presentó pruebas suficientes contra los imputados.
Aunque calificó de justa las penas impuestas contra los condenados, Acosta ve extraño que un agente externo a la institución haya podido por sí solo meter las manos tan profundo a lo interno del organismo.
“Resulta curioso que esa persona pudiera orquestar tales hechos sin ayuda interna de funcionarios de mayor jerarquía”, apuntó.
Fue enfática al indicar que sentencia que leyó hoy, fue únicamente el dispositivo y que hay que esperar la íntegra para leer las motivaciones de los jueces.
Otro que se refirió al tema fue el Especialista en Derecho Procesal Constitucional y Penal, Félix Portes, quien cuestionó la forma en que el proceso judicial afectó moralmente a los acusados en el proceso que resultaron descargados por la justicia.
Félix Portes
“La pregunta obligada: ¿Quién repara el daño? Cuál daño? Tiempo en la cárcel, humillaciones, noches sin dormir, daños al honor, buen nombre, cuestionamientos, sin mencionar los daños económicos, etc.”, escribió Portes en su cuenta Twitter.
Sentencia
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvió al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichell Dicent por falta de pruebas en su contra.
También fue descargado el imputado Edison Miguel Perdomo por no comprobarse que recibió soborno, así como otras acusaciones que le hacía el Ministerio Público.
Las juezas condenaron al expresidente de la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca), William Rosario, a 7 años de prisión por el caso 13.
Otra sentencia recayó en Eladio Batista, enviado a la cárcel seis años bajo acusaciones de asociación de malhechores y lavado de activos.
Además, las juezas rechazaron en todas sus partes los acuerdos a los que llegaron varios de los acusados con el Ministerio Público y condenó a Valentina Rosario Cruz, Felipe Santiago Toribio, Carlos Manuel Berigüete y Jonathan Brea a cinco años de prisión, tres a ser cumplidos en el Centro de Reclusión de Najayo, San Cristóbal, y dos años suspendidos bajo condiciones.
Los acuerdos del Ministerio Público que fueron acogidos fueron los del no vidente Miguel Mejía y Rafael Mesa, a quienes se les sentenció a cinco años suspendidos completamente, también bajo condiciones.
