La movilización en Francia contra la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron entró este martes en una nueva fase al registrar su mayor protesta y el inicio de una huelga prorrogable en sectores clave.
Unos 1,28 millones de personas, según el gobierno (3,5 millones, según el sindicato CGT) participaron en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas y ligeramente superior a la del 31 de enero –entre 1,27 millones (policía) y 2,8 millones (CGT)–.
La segunda economía de la Unión Europea (UE) vivió su sexta jornada de huelga desde el 19 de enero a llamado de los sindicatos contra el proyecto del gobierno de Macron de endurecer las condiciones para acceder a una pensión completa.
Al término de la jornada, el frente sindical pidió al presidente francés una reunión “urgente” porque su “silencio ya no es posible” y convocó una nueva protesta el sábado y otra la próxima semana, coincidiendo con momentos clave del trámite parlamentario del proyecto.
“No nos rendiremos (…) Tenemos que impactar al gobierno para que ceda”, dijo Patrick, un jubilado del sector ferroviario de 61 años, que manifestó bajo la lluvia junto a unas 6.000 personas más, según los sindicatos, en Calais (norte).
Los sindicatos también apoyaron las manifestaciones del miércoles con motivo del Día Internacional de la Mujer y del jueves, a llamado de los estudiantes, dos de los colectivos que ven entre los más perjudicados por la reforma.
Frente a ellos, el mandatario liberal se juega una parte importante de su crédito político, después que la pandemia le obligara a abandonar una anterior reforma durante su primer mandato, marcado además por la protesta social de los “chalecos amarillos”.
Pero dos de cada tres franceses, según los sondeos, siguen opuestos a su proyecto de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa. Una mayoría apoya las huelgas.
Las protestas registraron este martes choques aislados con las fuerzas de seguridad en varias ciudades, entre ellas París, donde se detuvo a 43 personas, según la policía.
– Cortes de electricidad “salvajes” –
Tras semanas de infructuosas protestas pacíficas desde el 19 de enero, los sindicatos recrudecieron su pulso contra un gobierno firme en su posición, al término de las vacaciones escolares de invierno en Francia. Su objetivo era “paralizar” la economía.
La jornada amaneció con carreteras bloqueadas de Rennes (oeste) a Perpiñán (sur), con la suspensión de la expedición de combustible de todas las refinerías, con una huelga de los recolectores de basura, con escuelas cerradas, trenes y vuelos anulados, etc.
En Annonay (sureste), bastión del ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, más de 2.000 hogares se quedaron sin electricidad, indicó la empresa Enedis. Otros posibles cortes “salvajes” de suministro se registraron en Boulogne-sur-Mer y Neuville-en-Ferrain (norte).
El lunes, los huelguistas ya paralizaron tres de las cuatro terminales metaneras por “siete días” y, desde el viernes, hacen caer la producción eléctrica en el sector nuclear.
Pero pese a la fuerte movilización en las calles, el porcentaje de huelguistas era inferior al registrado al inicio del movimiento, sobre todo entre los trabajadores del servicio de trenes (un 39% al mediodía según los sindicatos) y los profesores (un tercio, según el gobierno).
Tras fracasar en su intento de convencer sobre la necesidad de la reforma para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, la primera ministra, Élisabeth Borne, busca ahora desacreditar el movimiento de oposición y el lunes calificó la nueva estrategia sindical de “irresponsable”.
La última vez que los franceses lograron frenar una reforma de las pensiones fue en 1995. Los sindicatos paralizaron los servicios de tren y metro durante tres semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública.
Pero el tiempo apremia. A falta de una mayoría oficialista en el Parlamento, el gobierno escogió un polémico procedimiento que le permite aplicarla, si las dos cámaras no se han pronunciado sobre la misma en los mismos términos para finales de marzo.
AFP
