El experto en materia municipal, Waldys Taveras, consideró que los regidores de los ayuntamientos de La Romana y de Jaquimeyes son pasibles de un juicio político en el Congreso Nacional por negarse a acatar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que condena a los síndicos Juan Antonio Adames y Carlos Valentín Bautista a dos y tres años de cárcel, respectivamente.
Dijo que al no proceder a suspender a los alcaldes y colocar a los vicealcaldes en su lugar, los concejales están propiciando acciones que contravienen el Poder Judicial, lo que se traduce como desacato.
“Ellos no tienen por qué pronunciarse sobre esas sentencias, que ya tiene la condición de lo irrevocablemente juzgado. Lo único que tiene que hacer el Concejo es juramentar el vice y comunicarle a la Contraloría y la Dirección de Presupuesto que, en virtud de esas sentencias, se habían producido esas vacantes y se juramentaron a los que corresponden en el cargo”, sostuvo.
Para Taveras, dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno, resulta inconcebible que alcaldes sancionados por faltas graves en sus funciones, estos regidores se abroguen una facultad que no tienen.
El municipalista se refiere a la sentencia de la SCJ que condena al alcalde de La Romama, Tony Adames, a dos años de cárcel por trabajo realizado y no pagado en perjuicio del escultor Luis Castillo y al síndico de Jaquimeyes, Carlitos Pollo, condenado a tres años por corrupción.
“Si la Cámara de Diputados asume su rol de ente fiscalizador, con todos esos regidores se estaría iniciando un proceso de un juicio político, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, porque ellos no pueden actuar contrario a una decisión tomada por el más alto tribunal del país”, indicó.
Taveras dejó claro que entre la competencia del Concejo de Regidores, no está la facultad de juzgar la sentencia de los tribunales. “Ellos no son jueces de la sentencia”.
Dijo que tanto en el ayuntamiento de La Romana, como en el de Jaquimeyes, los puestos de alcaldes están vacantes, por la destitución inmediata que se da con las sentencias condenatorias de la SCJ.
“Ellos están inhabilitados para ejercer funciones públicas desde el momento que se producen esas sentencias y se ordena prisión”, manifestó.
Explicó que el Contralor General de la República, vía a notificación de las sentencias de la SCJ, debe comunicar al Banco de Reservas sobre suspender erogación fondos a los alcaldes en cuestión.
Taveras manifestó que también se da una situación de complicidad de los partidos políticos por permitir estos desacatos.
“La Justicia dominicana es tan débil, que no hay un juez que ejecute la pena; si al que condenan es a un infeliz, que se robó un pollo y anda en libertad, hace tiempo que lo hubiesen buscado preso”, comentó.
