Los exministros Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo y de Hacienda, Donald Guerrero, estaban siendo interrogados en la Procuraduría General de la República desde la tarde del sábado y no fueron arrestados durante los allanamientos realizados durante la madrugada.
A raiz de los interrogatorios, es cuando en hora de la noche que las autoridades notifican la orden de arresto en contra de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Los allanamienos fueron posteriores a sus detenciones.
Peralta, Guerrero y Castillo también fueron interrogados el viernes. En las próximas horas, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, conocerá medida de coerción en contra de los vinculados en la Operación Calamar.
En la madrugada de este domingo, fueron trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Castillo, Peralta y Guerrero.
El Ministerio Público puso en marcha la noche de este sábado la Operación Calamar, luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo
También fueron arrestados el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
